El Poder Judicial emitió este miércoles 18 de noviembre una orden de captura contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon David Ochoa Martínez, por suponerlo responsable de varios delitos relacionados con el proceso electoral.
La resolución, emitida por un Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, instruye a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutar su detención inmediata, luego de las acciones presentadas por el Ministerio Público.

El caso vuelve a poner bajo la lupa las actuaciones de antiguos funcionarios electorales, mientras trascienden otros requerimientos fiscales que involucran a figuras vinculadas con instituciones del Estado.
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¿De qué acusan al exconsejero Marlon Ochoa?
De acuerdo con el documento judicial, Ochoa enfrenta acusaciones por otros delitos electorales, específicamente por presuntamente obstaculizar el cumplimiento del cronograma de actividades del Consejo Nacional Electoral y por violación de los deberes de los funcionarios.
Ambos señalamientos están relacionados con supuestos perjuicios a la Constitución de la República y la administración pública. La orden lleva fecha del 18 de noviembre y fue emitida por las autoridades judiciales de la capital.
Recientemente, se dio a conocer que el último domicilio oficial conocido del exconsejero se encontraba en Ciudad de México. Por ello, su localización podría requerir la intervención de Interpol mediante una eventual alerta roja que facilite su detención.
Nuevos requerimientos fiscales contra funcionarios
Además del proceso contra Ochoa, trascendió que el Ministerio Público presentó otros requerimientos fiscales ante las instancias judiciales, algunos dirigidos contra actuales integrantes del Congreso Nacional.

Estas acciones podrían tramitarse mediante procedimientos especiales, conocidos como juicios políticos, debido a que involucran a funcionarios que cuentan con un régimen particular de responsabilidad.
La información también apunta a posibles actuaciones contra integrantes del Tribunal de Justicia Electoral y exfuncionarios del Ministerio Público. Sin embargo, durante el reporte no se precisaron los nombres ni los cargos específicos de todas las personas que estarían involucradas.
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