El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la Comisión Permanente que funcionó durante la legislatura anterior, por actuaciones relacionadas con el período poselectoral y decisiones adoptadas en el Legislativo.
La investigación involucra a 13 integrantes de esa comisión, entre ellos diputados que continúan ejerciendo sus cargos, como Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña. Por su condición de funcionarios, el proceso deberá seguir el procedimiento especial establecido en la legislación hondureña.
Las diligencias buscan esclarecer si los integrantes de la Comisión Permanente excedieron las atribuciones que les conferían la Constitución y las leyes. Con la presentación del requerimiento ante la CSJ, el expediente entra en una etapa en la que la autoridad judicial competente deberá determinar las actuaciones que correspondan.
Qué podría pasar tras el requerimiento fiscal contra Luis Redondo
El abogado Kenneth Madrid explicó para TSI que la presentación del requerimiento ante la CSJ abre una etapa en la que un juez especial revisará los señalamientos del Ministerio Público y resolverá las actuaciones procesales correspondientes.
"Lo más seguro es que pida una orden de captura", señaló Madrid al referirse a las posibles decisiones judiciales. Sin embargo, la emisión de órdenes de captura dependerá de lo que determine el juez competente y de las circunstancias del caso.
El profesional del derecho también indicó que los señalados pueden solicitar una presentación voluntaria para comparecer ante las autoridades. Posteriormente, deberán enfrentar la audiencia de declaración de imputado, en la que el juez resolverá su situación jurídica conforme a los elementos presentados.
Por su parte, la diputada Luz Angélica Smith, quien anteriormente se desempeñó como secretaria de la Cámara Legislativa, habría manifestado su disposición de presentarse voluntariamente.
Juicio oral y medidas cautelares: las otras etapas del proceso
Madrid agregó que el proceso podría avanzar hacia un juicio oral y público si se dicta un auto de formal procesamiento y se cumplen las etapas legales correspondientes. También explicó que el juez puede imponer medidas cautelares de acuerdo con las circunstancias particulares de cada imputado.
El abogado señaló que, en casos relacionados con presuntos delitos contra la administración pública, la suspensión del cargo puede solicitarse como medida cautelar cuando se cumplan los requisitos legales. No obstante, esa decisión dependerá de las resoluciones judiciales que se adopten durante el proceso.
Defensa alega que faltan diligencias en investigación contra exdiputados
Darwin García abogado de varios exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional cuestionó el requerimiento fiscal presentado contra sus representados y consideró que la acción es prematura, debido a que, según afirmó, todavía faltan diligencias de investigación. Además, señaló que la defensa presentó recursos de amparo para conocer los hechos que se les atribuyen, los cuales ya fueron admitidos.
"Consideramos que faltan diligencias de investigación, pero también entendemos que el Ministerio Público tiene esa atribución para hacerlo", manifestó el profesional del derecho, quien anunció que presentará un escrito para comparecer formalmente en el proceso y comunicará la disposición de sus representados de presentarse voluntariamente ante las autoridades.
¿Quiénes integraron la Comisión Permanente investigada?
Además de Luis Redondo, la investigación incluye a Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Alexis Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Francés Donaire, Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña, quienes integraron la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
En mayo de 2026, el Ministerio Público citó a sus integrantes para rendir declaraciones por presuntas actuaciones que habrían excedido sus facultades legales. Entre los posibles delitos investigados figuran abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública; las responsabilidades deberán determinarse durante el proceso judicial.
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