Las autoridades del Ministerio Público han impulsado una nueva diligencia prejudicial ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de investigación que involucra a varios exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Entre los señalados figura el ex presidente del Legislativo, Luis Redondo, sobre quien han circulado versiones e imágenes que indicarían que se encuentra fuera del país.
Esta acción forma parte de una etapa inicial del proceso investigativo, en la que se busca formalizar la juramentación de peritos especializados, así como la recolección de documentación bajo cadena de custodia autorizada por el Poder Judicial.
Con ello, se pretende robustecer los elementos técnicos del expediente que ya está en curso.
De acuerdo con la información disponible, ya se ha designado al juez natural que conocerá la causa en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, en las próximas horas se prevé la notificación oficial a las defensas de los doce exdiputados y actuales legisladores vinculados a este caso.
Avanza investigación por Comisión Permanente y presuntas irregularidades legislativas
El Ministerio Público continúa ampliando las diligencias relacionadas con la actuación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El proceso ya involucra a varios diputados y exdiputados por su participación en decisiones adoptadas en ese órgano legislativo.
Entre los investigados figuran Luis Redondo, Luz Angélica Smith, Crista Pérez, Hugo Noé Pino, Shirley Arriaga y otros legisladores que habrían integrado dicha comisión. Las pesquisas apuntan a presuntas irregularidades en su conformación y decisiones.
También se incluyen nombres como Edgardo Cazaña, Linda Donaire, Osman Chávez, Juan Barahona, Carlos Raudales y Fabricio Sandoval. El expediente contempla la posible comisión de varios delitos vinculados a funciones públicas.
Cuestionamientos sobre decisiones adoptadas en la Comisión Permanente
Las autoridades sostienen que los hechos bajo análisis estarían relacionados con la instalación de la Comisión Permanente pese a la existencia de condiciones legislativas que, según la investigación, habrían requerido otro procedimiento. Esto habría derivado en decisiones que ahora son objeto de revisión penal.
Entre los señalamientos se mencionan delitos como abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones y presunta traición a la patria. Todo esto en perjuicio de la administración pública, según la línea investigativa.
Aunque el caso continúa en fase prejudicial, el Ministerio Público no descarta que en los próximos días se avance hacia la posible presentación de un requerimiento fiscal. Por ahora, el proceso sigue bajo análisis judicial y en espera de nuevas actuaciones oficiales.
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