La reciente publicación en La Gaceta del decreto aprobado por diputados de Libre, que ordena un nuevo escrutinio de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, ha profundizado el conflicto político e institucional en Honduras, al ser calificada por juristas, partidos de oposición, organismos civiles y el sector empresarial como un acto "nulo", "inconstitucional" y orientado a obstaculizar la transición democrática.

En declaraciones al noticiero TN5 Matutino de Canal 5, la abogada constitucionalista Ruth Lafosse advirtió que el decreto vulnera principios fundamentales de la Constitución, como la soberanía popular y la alternabilidad en el poder.

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"Nadie puede sustituir el mandato del voto, menos Luis Redondo con un grupo de diputados. Esta acción está prácticamente destinada a obstaculizar la transición y la alternabilidad de las nuevas autoridades. Esto es completamente inconstitucional y se traduce en traición a la patria", sentenció.

Solo el CNE puede contar votos, enfatiza Lafosse

Lafosse recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial de los comicios el pasado 30 de diciembre, certificando al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, como presidente electo para el período 2026-2030.

Subrayó que la Ley Electoral establece con claridad que el CNE es el órgano con competencia exclusiva para administrar, escrutar y declarar los resultados electorales, y que cualquier controversia solo puede ser revisada por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La jurista también citó el pronunciamiento del 9 de enero de la Organización de Estados Americanos (OEA), que cuestionó la legalidad de la sesión legislativa, denunció hechos de violencia política —incluido el ataque contra la diputada Gladis Aurora López— y rechazó la criminalización de los consejeros electorales, afirmando que los resultados reflejan la voluntad popular.

Decreto para nuevo conteo de votos carece de validez: CNA

En la misma línea, Cristian Nolasco, jefe de comunicaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), sostuvo que el decreto carece de validez jurídica y enfatizó que el Congreso solo podría intervenir en materia electoral si no existiera una declaratoria oficial, lo cual "sí ocurrió en tiempo y forma".

La oposición se pronuncia y emite alertas

Desde la oposición, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció un "autogolpe" impulsado desde el Congreso Nacional y responsabilizó directamente a la presidenta Xiomara Castro por sancionar y ordenar la publicación de un acto sin atribuciones constitucionales.

El diputado liberal Marlon Lara coincidió en que se consumó un acto constitutivo de traición a la patria y recordó que más de 70 diputados se autoconvocaron para denunciar la ilegalidad de la sesión de Libre.

El rechazo también se extendió al sector empresarial. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, expresó preocupación por la incertidumbre política y su impacto económico, señalando que el país no necesita más inestabilidad tras un proceso electoral ya concluido.

EE. UU. advierte consecuencias

A nivel internacional, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que cualquier intento de "anular ilegalmente" las elecciones hondureñas tendrá "consecuencias graves", reiterando su respaldo a una transición pacífica del poder y al presidente electo Nasry Asfura.

Analistas coinciden en que la aprobación y publicación del decreto representa un serio desafío al orden constitucional y podría agravar la tensión política en las semanas previas a la instalación del nuevo Congreso y la toma de posesión presidencial.

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