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El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, confirmó la presentación ante la Corte Suprema una acción de amparo preventivo en medio del proceso de juicio político que enfrenta junto a otros funcionarios.
De la misma manera, posteriormente dicho amparo fue presentado ante la Secretaría del Congreso Nacional, en medio de tensiones y a la espera de que se desarrollen las audiencias por juicio político.
La medida busca detener posibles actuaciones que, según afirma, podrían vulnerar derechos constitucionales dentro del sistema jurídico hondureño.
Al llegar al Congreso Nacional a interponer el recurso, el abogado Morazán aseguró que él si va a comparecer con la Comisión del Juicio Político.
Morazán explicó que el recurso surge ante lo que considera limitadas vías de defensa dentro del orden institucional. "Son escasas las vías legales que tiene nuestro sistema político", declaró, señalando que el amparo es una de las pocas herramientas disponibles para garantizar protección judicial.
El magistrado sostuvo que el proceso en su contra no estaría cumpliendo con estándares básicos de debido proceso, independencia judicial y derecho a la defensa. Además, cuestionó la falta de acceso a información clave del expediente y la imparcialidad de los órganos que llevan el caso.
Amparo preventivo
Durante sus declaraciones, Morazán insistió en que se está afectando el derecho a un juez imparcial. "El derecho a la independencia judicial y al debido proceso está siendo vulnerado", afirmó, agregando que la presunción de inocencia también estaría comprometida.
El magistrado también cuestionó que autoridades involucradas en el proceso habrían emitido opiniones previas, lo que, según su postura, afectaría la objetividad del juicio político. En ese sentido, señaló que no existen condiciones para un procedimiento totalmente imparcial.
Asimismo, hizo referencia a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que el marco legal del juicio político en Honduras sería contrario a estándares internacionales y podría generar responsabilidad estatal.
A la espera de una resolución constitucional
Tras salir de la Sala de lo Constitucional, Morazán informó que el recurso ya fue admitido a trámite y que se espera una resolución sobre la suspensión del acto reclamado. Indicó que en las próximas horas podrían definir si continúan o no con las acciones legales.
El magistrado también advirtió que el caso no es aislado, sino parte de un proceso más amplio que, según dijo, afecta la institucionalidad del país. Aseguró que en las últimas semanas se han registrado cambios en distintos órganos del Estado bajo procedimientos cuestionados.
Finalmente, reiteró que continuarán utilizando todas las vías legales disponibles a nivel nacional e internacional para la defensa de sus derechos y la protección del orden constitucional.
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