La entrega de los expedientes de los recientes juicios políticos al Ministerio Público desató un nuevo cruce de declaraciones entre el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, y el exmagistrado del Tribuna de Justicia Electoral, Mario Morazán.
"No, no he sido destituido legalmente, no tenían los votos”, afirmó al insistir en que el proceso de juicio político en su contra no cumplió con la mayoría requerida en la votación legislativa.
Sostuvo que no se alcanzaron los votos requeridos para su salida del cargo, respaldando su versión en registros fotográficos y de video.
Al respecto, el secretario Carlos Ledezma explicó que el tema de os juicios políticos ya ha sido cerrado en el Congreso Nacional, dando a a entender que ni él, ni el pleno, se referirán más al proceso.
Ledezma enfatizó que el Congreso cerró su ciclo y que ahora la Fiscalía determinará si procede una acusación formal, recalcando que se respeta la presunción de inocencia de los señalados. Entre los cargos figuran delitos de traición a la patria y obstrucción electoral.
Morazán denuncia fraude legislativo
Por su parte, el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, cuestionó fuertemente la legalidad de su destitución.
Aseguró que no existe una resolución válida y que el Congreso Nacional no alcanzó los votos requeridos para su separación del cargo.
Morazán tildó de falsa la votación de 88 votos mencionada por Ledesma, afirmando que existen evidencias en fotos y videos que demuestran lo contrario.
Ante esto, anunció querellas por delitos contra la fe pública y traición a la patria.
Espionaje y defensa internacional
Asimismo, el exfuncionario denunció ser víctima de intervenciones telefónicas ilegales. Explicó que su presencia en el Ministerio Público obedece a su derecho de defensa frente a un proceso que califica como irregular.
Tras sostener que ya superó el juicio político en el plano legislativo, Morazán adelantó que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), para revertir su destitución y salvaguardar la institucionalidad democrática del país.
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