La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó recientemente el cuarto informe del Observatorio de la Democracia (ODD), titulado "De la crisis a la búsqueda de gobernabilidad", en el que se advierten graves deficiencias en el proceso electoral hondureño de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Uno de los puntos más críticos del informe, el cuarto en este año, es la escalada de delitos electorales y la falta de acción del Ministerio Público (MP).
Según el documento del ODD, en lo que va del año se han registrado 196 denuncias relacionadas con coacción y amenaza electoral, falsificación de documentos, suplantación de identidad y fraude en el sufragio. No obstante, solo cuatro casos avanzaron a requerimientos fiscales, lo que refleja una efectividad de apenas 2.04 %.
La mayoría de denuncias corresponde a coacción electoral (163 casos), seguidas de suplantación de identidad y falsificación de documentos. El Observatorio señala que esta inacción genera un clima de impunidad y desconfianza, al tiempo que aumenta el riesgo de conflictividad política.
Otros hallazgos del ODD
El informe también cuestiona la ineficiencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que solo resolvió el 9.7 % de los 41 recursos admitidos en las elecciones primarias.
También observó el incumplimiento del 50 % del cronograma electoral, que mantiene en suspenso la legalidad y viabilidad de las elecciones generales.
En materia de financiamiento político, el ODD revela que entre mayo y agosto de 2025 se realizaron 56 eventos proselitistas sin bancarización, con un gasto estimado de 7.95 millones de lempiras, entre los candidatos presidenciales de los partidos políticos de mayor carga electoral.
El espacio cívico también se ha visto deteriorado por ataques y campañas de odio en redes sociales. Entre mayo y agosto, se invirtieron más de 532 mil lempiras en propaganda digital desde cuentas afines al oficialismo, con mensajes que promovieron narrativas como apoyo a la candidata oficialista, denuncias de fraude y ataques al CNE.
Finalmente, el Observatorio cuestiona el uso de recursos públicos con fines electorales. El gasto en bonos pasó de 434 a 702 millones de lempiras, y en publicidad de 271 a 445 millones, mientras que programas esenciales en salud y educación registran baja ejecución: apenas el 21 % en medicamentos y 2 % en textos escolares.
Además,el ODD denunció el uso de medios estatales para favorecer a la candidata del oficialismo.
El ODD concluye que la combinación de delitos electorales impunes, instituciones ineficientes y manipulación del gasto público pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral hondureño.
Ante este panorama, la RDD exige a las autoridades electorales y de justicia actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso íntegro y pacífico.
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