Durante el desarrollo de la campaña política de las elecciones primarias en Hondura, se han registrado cuatro homicidios, entre otros hechos violentos, lo que evidencia un fenómeno que se necesita prestarle atención para prevenir más episodios, según entendidos en la materia.
El Observatorio de la Violencia (OI) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) documentó que, del 23 de diciembre de 2020 al 25 de febrero de 2021, ocurrieron 12 tipos de agresiones en perjuicio de activistas políticos o precandidatos.
Entre estos acontecimientos se encuentra 5 amenazas, 2 atentados, 4 homicidios y 1 rapto, de acuerdo al boletín 1 del informe Violencia Política Electoral 2021 de ese organismo de la UNAH.
El 13 de febrero pasado fue asesinado un activista del partido Libertad y Refundación ( Libre) durante una concentración política en la aldea El Pataste, Catacamas, Olancho, un crimen que tuvo mayor relevancia porque se difundió un video en el que se escuchan las detonaciones de los balazos que le quitaron la vida y la gente sale corriendo atemorizada.
La víctima fue identificada como Bredys Antúnez, quien era originario de la aldea Las Delicias, en ese sector oriental del país.
Por otro lado, el 31 de enero, el regidor de Libre de Yoro, Yoro, Eruvin Collart Orellana, resultó herido de bala en un atentado que sufrió en su casa y en que también resultó lesionada su hija menor.
La directora del OI, Migdonia Ayestas, reclamó que los órganos de investigación de Estado deben esclarecer si estos incidentes son fruto de la violencia común o actos para frenar candidaturas.
“Son las autoridades las que nos deben decir que relación existe entre sus actividades personales, comerciales y, además, si es básicamente, por la contienda electoral y saben que es un candidato sólido y qué están intentando frenar esa aspiración”, exigió Migdonia Ayestas.
Esclarecer estos crímenes no parece tarea fácil, pues solo 13 de cada 100 homicidios logran tener sentencias condenatorias, según un informe de la organización no gubernamental Alianza por la Paz y la Justicia, que recoge datos de 2019, pero publicado en 2020.
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El informe del Observatorio de la Violencia establece que entre los afectados de agresiones en el contexto político se encuentran 2 precandidatos a alcaldes, 2 precandidatos a diputados, 2 militantes y 6 dirigentes.
Los resultados de la investigación del OI son publicados, remarcó Ayestas, como el insumo para que las instituciones vinculadas con dicho proceso vigilen el comportamiento del fenómeno de la violencia entre actores políticos y promuevan las acciones necesarias o las reformas pertinentes para garantizar la participación equitativa de las fuerzas políticas
Cerca de 5 mil precandidatos de 14 movimientos de los partidos Liberal, Nacional y Libre participarán en las elecciones primarias del 14 de marzo.
Los triunfadores serán candidatos que disputarán puestos de Presidente, diputados al Congreso y alcaldes con sus corporaciones municipales en las votaciones del 28 de noviembre próximo.
Labor de los partidos
A criterio de la analista, los partidos políticos pueden contribuir a reducir los actos de violencia al investigar los antecedentes de quienes se postulan y hacer una depuración para no incluir a los que tengan un pasado oscuro.
“Estamos haciendo un análisis para hacer esa correlación (si las muertes están ligadas al tema político), porque vivimos en un país en donde hay múltiples violencias, en donde no se estudian los perfiles de los candidatos”.
Ayestas también lamentó que los institutos políticos a los que pertenecen o pertenecían sus miembros que han sido víctima de agresiones no han sido solidarios con estos, pues “ni un acuerdo de duelo he visto” por muertes de ciertos activistas.
“Las autoridades político-partidario, en aquellos casos de muerte y agresiones que afectan a candidatos, dirigentes, militantes, simpatizantes, familiares o electores de los procesos que se celebrarán en Honduras en los próximos meses, tienen la responsabilidad de demandar a los funcionarios de las instancias correspondientes la investigación y judicialización de los casos de violencia política”.
Hay investigaciones
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó que el ente acusador investiga una muerte violenta como un homicidio o asesinato y no depende del móvil.
“Se investigan según el catálogo de delitos del Código Penal, independientemente si sea en el marco de una concentración política o no”, expresó Mora.
