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Diversas personalidades del ámbito político de Honduras pidieron este viernes que se sancione a quienes atentaron contra la democracia durante las elecciones generales de noviembre de 2025.
La exigencia surge tras denuncias de consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que aseguraron haber sido víctimas de acoso, campañas de odio y amenazas a sus familias.
Consejeras del CNE denuncian acoso y violencia
Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y Cossette López, consejera de la institución, afirmaron que el proceso electoral estuvo marcado por intentos deliberados de interferencia política.
Hall escribió en la red social X que tanto ella como López y sus hijas fueron acosadas y que hubo intentos de secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras.
Hall señaló directamente al antiguo aparato oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre) como responsable de acciones coordinadas para impedir la declaratoria final de las elecciones, que proclamaron a Nasry ‘Tito’ Asfura como ganador. “
No fueron hechos aislados, fue un intento deliberado de quebrantar el orden democrático”, enfatizó Hall, quien instó a que se sienten precedentes claros y firmes para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
Por su parte, Cossette López denunció bloqueos judiciales que, según ella, han impedido que sus demandas de justicia tengan respuesta, afirmando llevar “más de 105 días” sin avances.
La consejera pidió la apertura de juicios políticos contra quienes, a su juicio, instrumentalizaron la justicia con fines políticos.
Apoyo del Ejecutivo y respaldo a medidas legales
Por su parte, la designada presidencial María Antonieta Mejía manifestó públicamente su respaldo a que el Congreso Nacional aplique juicios políticos a funcionarios que afectaron el proceso electoral.
La funcionaria resaltó que esta medida busca garantizar justicia, prevenir la impunidad y fortalecer la democracia hondureña, más allá de motivaciones personales o políticas.
“Respetamos mucho el sentir de la consejera López Osorio. Sabemos del ataque que sufrió por parte del Ministerio Público y de otras personas que instrumentalizaron la justicia”, afirmó Mejía, destacando la importancia de investigar y sancionar arbitrariedades durante el proceso electoral.
La funcionaria recordó que, aunque la decisión final sobre los juicios políticos recae en el Congreso Nacional, el Ejecutivo respalda acciones que castiguen a quienes actúan al margen de la ley y protege la institucionalidad del país.
Llamado de exdiputada liberal a sanciones ejemplares
La exdiputada liberal Maribel Espinoza advirtió que los partidos Nacional y Liberal tienen la obligación histórica de exigir desde el Congreso y ante el fiscal general el enjuiciamiento de todos los funcionarios que hayan violentado la Constitución.
Espinoza señaló que mientras no existan sentencias ejemplares contra el abuso de poder y la corrupción, Honduras seguirá sumida en una profunda crisis institucional. “Mientras no haya condenas reales contra quienes infraccionan la Constitución, Honduras va rumbo al colapso del Estado de derecho”, afirmó.
Además, subrayó que los partidos tradicionales no pueden tolerar acuerdos de impunidad con el partido Libertad y Refundación (Libre).
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Por su parte, Jorge Calix expresó su postura a través de sus redes sociales, escribiendo que "La democracia no deberá ser amenazada nunca más".
La gravedad del ataque a la democracia
Los hechos denunciados por las consejeras y respaldados por líderes políticos revelan un escenario de alta tensión durante las elecciones de noviembre de 2025, marcado por protestas, solicitudes de recuento y bloqueos en la verificación de actas electorales.
Según Hall, las autoridades electorales no solo organizaron y defendieron el proceso, sino que enfrentaron constantes ataques de un oficialismo decidido a impedir la declaratoria de los resultados.