La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció este martes la presencia "irregular" de fuerzas policiales y militares en las instalaciones del organismo, a quienes acusa de operar sin autorización ni coordinación con las máximas autoridades.

López señaló que los despliegues se han realizado bajo el argumento de supuestas alertas de bombas, pero sin justificaciones claras ni informes formales. Incluso, aseguró que se les ha manifestado la intención de instalar de manera permanente una unidad antibombas en el CNE.

"No se puede trabajar en un ambiente de incertidumbre. En el Consejo Nacional Electoral no son las fuerzas del orden las que mandan ni gobiernan. Aquí tenemos seguridad interna y un pleno de consejeros", expresó.

La consejera advirtió que la presencia de militares y unidades caninas ha generado un clima laboral hostil. Denunció que algunos empleados han sido sometidos a retenciones y registros al ingresar a sus puestos, mientras la seguridad interna del organismo desconoce los motivos y la autorización de los operativos.

Versión de las Fuerzas Armadas

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, explicó que la intervención se originó por una alerta recibida el 22 de septiembre sobre un posible artefacto explosivo en las cercanías del CNE, en el barrio San Felipe.

"Se procedió a atender para desvirtuar cualquier situación y verificar si alguna edificación del CNE corría peligro", argumentó.

Hernández añadió que no se hallaron explosivos en las instalaciones, pero por razones de seguridad se determinó dejar de manera permanente un operativo canino en cada una de las sedes del ente electoral.

Clima de incertidumbre en el CNE

Mientras López sostiene que las acciones vulneran la autonomía del CNE y los derechos de sus trabajadores, las Fuerzas Armadas defienden que los dispositivos buscan prevenir riesgos.

"En el Consejo Nacional Electoral no son las fuerzas del orden las que mandan ni gobiernan. Aquí tenemos seguridad interna y tenemos un pleno de consejeros", señaló López.

La denuncia abre un nuevo capítulo en torno a la relación tensa entre el órgano electoral y las instituciones de seguridad del Estado.