Las reformas penales que endurecen las sanciones contra las maras, pandillas y asociaciones terroristas en Honduras ya fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta, por lo que sus disposiciones pasan a formar parte del marco jurídico nacional.
El Decreto Legislativo 258-2026, denominado Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, apareció en la edición número 37,282 del 30 de octubre de 2026.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, calificó la publicación como un hecho histórico y aseguró que las nuevas disposiciones proporcionarán herramientas adicionales a las instituciones encargadas de combatir las estructuras criminales.
"Se le acabó la fiesta a los delincuentes en Honduras", expresó el titular del Legislativo durante una conferencia de prensa, en la que también pidió resultados a los operadores de justicia tras la entrada en vigencia de la normativa.
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Nuevas penas contra maras y pandillas en Honduras
Uno de los cambios más importantes establece condenas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua para cabecillas, directivos, promotores y financistas de asociaciones terroristas. Para los integrantes de estas organizaciones, las penas oscilarán entre 30 y 40 años de cárcel, además de multas económicas.
La legislación también contempla castigos de 20 a 30 años de prisión para quienes colaboren con estas estructuras sin pertenecer directamente a ellas. Esto incluye proporcionar información, facilitar recursos, ofrecer transporte, prestar inmuebles o brindar servicios tecnológicos para sus operaciones.
Las sanciones pueden aumentar cuando la colaboración involucre a funcionarios públicos o se realice a cambio de una recompensa. Zambrano destacó que estas disposiciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades frente a las organizaciones criminales.
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Allanamientos y prisión preventiva para acusados de terrorismo
El decreto establece la prisión preventiva obligatoria para las personas procesadas por el delito de asociación terrorista, sin posibilidad de sustituirla por otras medidas cautelares. Además, dispone que permanezcan en centros penitenciarios o módulos de máxima o alta seguridad.
Otra de las modificaciones permite que los cuerpos de seguridad, durante operaciones interinstitucionales y en coordinación con un fiscal del Ministerio Público, realicen allanamientos y registros sin una orden judicial previa cuando existan indicios razonables y circunstancias de urgencia.
Sobre esta disposición, Zambrano aseguró que las autoridades tendrán nuevas herramientas para intervenir en sectores donde operan estas estructuras. "Van a poder llevar a cabo los allanamientos en esos barrios y sectores y zonas identificadas donde operan estos grupos criminales, allanamientos sin orden judicial, pero siempre acompañado por el Ministerio Público", manifestó.
El titular del Congreso también señaló que el decreto amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar los requerimientos fiscales contra personas detenidas por estos delitos.
Restricciones penitenciarias y sanciones por símbolos criminales
Las reformas endurecen los requisitos para acceder a beneficios de preliberación y libertad condicional en casos vinculados con asociaciones terroristas. También establecen sanciones por utilizar drones para introducir objetos prohibidos en las cárceles.
Además, las autoridades podrán retirar grafitis y símbolos relacionados con maras, pandillas y organizaciones criminales, cuya colocación o reposición quedará prohibida.
Zambrano aseguró que los integrantes de estas estructuras permanecerán bajo máxima seguridad y afirmó que el Estado recuperó el control de las cárceles. "Hoy en los centros penales de Honduras el control lo tiene la autoridad. Hay disciplina", expresó.
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