Durante una reunión de trabajo con representantes de las Fuerzas Armadas, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, fue contundente: la petición militar de recolectar las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial constituye una injerencia en las funciones exclusivas del organismo sobre el escrutinio y la transmisión de resultados.
“Ilustré sobre aspectos jurídicos constitucionales, contrarios a la solicitud verbal del jefe del Estado Mayor Conjunto”, expresó Hall, al referirse al intento de las Fuerzas Armadas de involucrarse en una tarea que, dijo, solo compete al CNE.
La funcionaria subrayó que la coordinación con la institución armada se mantendrá “dentro del marco legal”.
Además, recordó que el artículo 272 de la Constitución define con claridad los límites de las funciones militares en el proceso electoral.
La versión militar: control y seguridad del escrutinio
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, defendió la propuesta alegando que busca reforzar la verificación institucional y la seguridad en el proceso de transmisión de resultados.
“Muy respetuosamente le dije al pleno que participáramos en la parte que nos compartieran los resultados en la Junta Receptora de Votos. Esa acta, solo esa acta nos importa, la presidencial, donde nosotros podamos llevar esa información hacia nuestros centros de operaciones y tener también el conteo final”, explicó.
El general insistió en que las Fuerzas Armadas no pretenden interferir, sino “garantizar el orden y la transparencia” de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
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Reacciones de juristas: "Una solicitud inconstitucional"
Las declaraciones del alto mando militar provocaron reacciones inmediatas. El ex fiscal general Edmundo Orellana calificó la petición como “insólita y al margen de la Constitución”, advirtiendo que solo aumenta la tensión y la desconfianza en el ambiente preelectoral.
“Esta acción solo tensa más el conflictivo ambiente en el CNE e incrementa la incertidumbre sobre la transparencia de las elecciones”, escribió Orellana en sus redes sociales.
Por su parte, el abogado Kenneth Madrid recordó que el artículo 272 otorga a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la alternabilidad en el poder, pero no la de vigilar ni contabilizar votos. “Su papel termina donde comienza la soberanía popular”, sostuvo.
Voces políticas: “Delictivo y abusivo”
El dirigente liberal Octavio Pineda fue más contundente. En un mensaje público calificó la solicitud militar como “delictiva, abusiva, ilegal e inconstitucional”, y advirtió que incluso podría configurarse como un “delito de traición a la patria”.
“Definitivamente que usted y sus jefes tendrán su respuesta el 30 de noviembre”, sentenció Pineda, al referirse al jefe del Estado Mayor Conjunto.
Mientras la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía también reaccionó con ironía a la pretensión militar sobre el escrutinio en la papeleta presidencial.
“Ahhh, qué interesante… ahora resulta que el jefe del Estado Mayor quiere actas ‘a nivel presidencial’. Cuando la brújula se les pierde, comienzan a orinar fuera de la nica y hasta se creen observadores electorales”, escribió en sus redes sociales.
Añadió que “la Constitución no es una sugerencia, es un mandato”, y cuestionó que las Fuerzas Armadas “ya bastante le han quedado debiendo al pueblo hondureño como para venir ahora con ocurrencias izquierdosas disfrazadas de legalidad”.
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El fondo del conflicto: autonomía electoral
El intercambio entre el CNE y las Fuerzas Armadas revive uno de los temas más sensibles del sistema democrático hondureño: la independencia de los órganos electorales frente al poder militar.
A semanas de los comicios generales, el país enfrenta un escenario donde la confianza institucional y la transparencia del proceso en el escrutinio se ponen a prueba.
Mientras la presidenta del CNE insiste en que el escrutinio “solo pertenece al pueblo a través del órgano electoral”, las reacciones políticas confirman que la frontera entre la seguridad y la interferencia no puede difuminarse bajo ningún argumento.
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