Ordóñez, secretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda entre 2013 y 2017, está acusado por abuso de autoridad en perjuicio del Estado hondureño.
A pesar del auto de formal procesamiento, la resolución judicial permitirá al exfuncionario gozar de medidas sustitutivas, que incluyen la prohibición de salir del país y la firma periódica ante la secretaría del Juzgado de Letras de lo Penal.
Adicionalmente, se le castigó con la pena de inhabilitación especial para desempeñar algún cargo público, escarmiento que tendrá vigencia entre tres y seis años.
Otro exsecretario de Obras Públicas, Transporte y Vivienda acusado por el mismo caso, Roberto Pineda (2017-2022), recibió sobreseimiento definitivo este martes 18 de abril.
Sin embargo, el Ministerio Público anunció mediante comunicado que presentará un recurso de apelación "en las próximas 72 horas".
La portavoz del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Bárbara Castillo, añadió a tunota.com que el expediente será elevado a una Corte de Apelaciones, a petición de la defensa de Roberto Ordóñez y del Ministerio Público tras el sobreseimiento definitivo dictado a Roberto Pineda.
Posteriormente, cuando el expediente regrese al Juzgado, el juez penal emitirá nuevas resoluciones judiciales.
Acusación
El 31 de octubre de 2022, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) presentó requerimientos fiscales contra Roberto Ordóñez y Roberto Pineda, titulares de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda durante los gobiernos de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Según la acusación, emanada de una investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ordóñez y Pineda se negaron a darle cumplimiento a una orden judicial e impusieron su criterio, en un acto catalogado como abuso de autoridad.
Sus acciones se generaron por encima, incluso, de sentencias ratificadas por una Corte de Apelaciones y causaron un millonario perjuicio económico al Estado hondureño, que se vio obligado a pagar millonarios demandas en materia contencioso-administrativo.
El 18 de enero de 2023, el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán celebró la primera audiencia inicial por este caso de presunta corrupción.
