El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) advierte que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida también como Unidad de Política Limpia (UPL), creada para garantizar la transparencia en el financiamiento electoral, se encuentra prácticamente paralizada a menos de dos meses de las elecciones generales de Honduras en 2025.

El informe señala que el Congreso Nacional no aprobó el presupuesto especial de 90 millones de lempiras destinado a la institución, y que la propuesta permanece estancada entre negociaciones políticas y temores de uso indebido de fondos.

En consecuencia, la UPL apenas sobrevive con su presupuesto ordinario, sin capacidad técnica ni humana para auditar los informes financieros de los candidatos.

Esa parálisis, subraya el Cespad, evidencia una democracia debilitada, en la que las reglas del juego electoral siguen siendo dictadas por intereses económicos y políticos, no por la transparencia.

El reto para la Unidad de Política Limpia

Los datos recopilados por el Cespad muestran que en las elecciones primarias de 2025, de 5,757 candidatos inscritos, solo el 70.4 % presentó su informe financiero.

Lo más grave es que 85 candidatos que incumplieron fueron electos y hoy continúan en contienda, pese a que la ley los declara inelegibles por no rendir cuentas.

La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, nacida en 2016 como respuesta a las protestas anticorrupción impulsadas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), fue desvirtuada por los partidos políticos.

Modificaciones posteriores debilitaron su régimen de sanciones y restringieron el acceso público a la información.

El informe del Cespad también detalla que, de los más de cinco mil “sujetos obligados”, apenas 372 han registrado sus cuentas bancarias.

Esto equivale a un 18 % del total. Sin ese registro, la fiscalización del financiamiento privado resulta prácticamente imposible.

Financiación ilícita: el cáncer de la política hondureña

El Cespad recuerda que, desde hace más de una década, se identificaron los modelos de financiamiento ilícito que corroen la política hondureña.

Lejos de erradicarse, siguen vigentes en el proceso electoral de 2025.

1. Desvío institucionalizado de recursos públicos

Fondos estatales usados para fines políticos, disfrazados de proyectos sociales. Casos emblemáticos como el Seguro Social, la Caja de Pandora o la Caja Chica de la Dama fueron parte de esa práctica. En la actualidad, el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) podría repetir el patrón, advierte el Cespad. (Lea también: Sedesol asegura que fondos se entregaron a emprendedores y no a campaña de Libre)

2. Financiamiento privado y cooptación del Estado

Empresas con contratos o concesiones estatales financian campañas a cambio de beneficios. Al eliminar la prohibición de 2004 que vetó estas donaciones, se abrió la puerta a un sistema de favores políticos y económicos que perpetúa la corrupción.

3. Aporte directo del crimen organizado

El informe menciona que el narcotráfico continúa influyendo en la política nacional, financiando campañas a cambio de protección o impunidad. Los juicios en Nueva York contra políticos del Partido Nacional, Liberal y los señalamientos a figuras del partido Libertad y Refundación (Libre) evidencian la penetración criminal. Hoy, con Honduras convertida también en productor de drogas ilícitas, el riesgo es aún mayor.

4. Clientelismo político

El clientelismo sigue siendo el ADN del sistema político hondureño. A través de bonos, bolsas solidarias o proyectos comunitarios, se consolidan liderazgos partidarios que aseguran votos sin necesidad de compra directa.

La política sin castigo

Para el Cespad, todos estos modelos operan en las campañas actuales sin fiscalización ni sanción.

Los techos de gasto excesivos, como los 508.8 millones de lempiras permitidos para una candidatura presidencial, fomentan la entrada de capitales ilícitos y distorsionan la competencia electoral.

La organización plantea que la Unidad de Política Limpia debe ser autónoma e independiente de los partidos políticos, con recursos suficientes, tecnología moderna, y coordinación con entidades.

Entre ellas la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.

Solo así podría cumplir su papel de vigilar y auditar los aportes privados que ingresan a las campañas.

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Un reflejo del deterioro democrático

El análisis del Cespad concluye que la parálisis de la Unidad de Política Limpia refleja la crisis estructural del Estado hondureño.

Sin controles sobre el dinero político, la democracia queda a merced de intereses privados, del crimen organizado y de redes de corrupción que deciden quién llega al poder.

"El problema no es únicamente el presupuesto”, advierte el informe. “Es la falta de voluntad política para transparentar el financiamiento y rendir cuentas ante la ciudadanía”.

Mientras no exista una institucionalidad sólida, autónoma y con dientes para sancionar, Honduras seguirá en un ciclo electoral viciado, donde el dinero sucio compra influencia y el silencio institucional legitima la impunidad.