La advertencia llega en un momento crítico. Faltan menos de 40 días para las elecciones generales y el Congreso Nacional aún no aprueba el presupuesto de la Unidad de Política Limpia (UPL), encargada de fiscalizar el dinero que entra y sale de las campañas políticas.
Emilio Hernández Hércules, comisionado de la entidad, lamentó que la asignación presupuestaria, de unos 81 millones de lempiras aprobados desde mayo y remitidos al Legislativo desde el 20 de julio, siga engavetada.
“Son tres meses esperando turno para que se discuta el proyecto”, expresó con preocupación.
La falta de recursos no solo afecta a la Unidad, sino también al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que, junto con el Consejo Nacional Electoral (CNE), integra el triángulo institucional que garantiza la transparencia del proceso del 30 de noviembre.
Urge aprobar el presupuesto electoral de la Unidad de Política Limpia
Hernández insistió en que el presupuesto es vital para ejecutar las tareas planificadas desde hace meses.
“Cada día los gastos de los candidatos se incrementan, y aunque monitoreamos y capacitamos, no estamos en condiciones óptimas para cumplir la tarea fiscalizadora para la que fue creada la Unidad de Política Limpia”, subrayó.
Entre esas actividades figuran la verificación del gasto electoral en los 298 municipios de Honduras, la capacitación de equipos de auditoría y el seguimiento a la rendición de cuentas de cada partido y candidato.
Además, después de los comicios, la institución debe realizar auditorías documentales.
También debe aplicar sanciones a quienes violen los límites legales de financiamiento, un trabajo que también depende del presupuesto.
Riesgo de infiltración del dinero del crimen
Pero la advertencia más grave del comisionado Hernández es clara: sin presupuesto, crece la vulnerabilidad frente al dinero sucio.
“El no contar con el elemento disuasivo que tiene la ley, candados y muros defensivos permite que recursos del narcotráfico, lavado de activos o crimen organizado se filtren en la contienda electoral”, advirtió.
Según explicó, cada semana sin aprobación disminuye la capacidad de respuesta de la Unidad.
Esto aumenta la posibilidad de que personas financiadas por estructuras ilegales lleguen al poder, arrastrando compromisos con quienes costearon sus campañas.
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Transparencia en riesgo a pocas semanas de elecciones
El retraso legislativo amenaza la integridad del proceso democrático. “Nosotros podemos seguir trabajando, pero sin recursos no hay garantías de que la fiscalización sea completa ni efectiva”, insistió Hernández.
La Unidad de Política Limpia, creada para garantizar elecciones libres de financiamiento ilícito, depende del respaldo presupuestario del Congreso.
A medida que el reloj electoral avanza, su advertencia se convierte también en un llamado a la responsabilidad política: sin transparencia, no hay confianza en las urnas.
