Leopoldo Eugenio Crivelli Durant (60), fue suspendido del cargo de alcalde de Choloma, Cortés, al dictársele medidas cautelares por los delitos que se le acusan.
Un juez en materia de corrupción le dictó medidas cautelares distintas a la prisión que incluye el no poder salir del país, firmar cada lunes el libro en los Juzgados y la suspensión de su cargo, mientras dure la audiencia inicial.
En caso que en la audiencia inicial los jueces no encuentren suficientes medios que acrediten los delitos se le revocará la medida.
La audiencia inicial
Se programó la audiencia inicial para el próximo martes 3 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
En la misma se le determinará si se le dicta un auto de formal procesamiento o recibe un sobreseimiento provisional o definitivo.
Otras medidas cautelares son el no poder tener comunicación con ciertas personas, el no asistir a lugares determinados y estar bajo custodia de su abogado.
Todo es justo depende del lado que lo vea… ahorita me siento mal" Leopoldo Eugenio Crivelli Durant.
Las acusaciones
Elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a Leopoldo Crivelli en Samuel, Cortés, al norte de Honduras, para ser trasladado a las oficinas de la ATIC en San Pedro Sula.
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De acuerdo al Ministerio Público el proceso penal contra el exedil es por los delitos de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos.
Sobrevaloración
Los hechos según la Fiscalía radican de la denuncia 8957-2014, que contiene informe de auditoría financiera practicada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a la Municipalidad de Choloma, en el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 201.
Los resultados dieron indicios de responsabilidad penal por parte del alcalde y la corporación municipal en pleno, por la presunta aprobación de un terreno sobrevalorado sin seguir los procedimientos legales establecidos.
El inmueble se adquirió el pasado 27 de febrero del 2008 para la construcción de un relleno sanitario denominado “El Ocotillo Desagüe”.
Sin embargo, este se evaluó por la comisión de la Contaduría General de la República a un costo de L 3. 025.529.15; más, no obstante, la documentación oficial se adulteró para sobrevalorarlo.
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