El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) elevó su mensaje a un nivel de advertencia institucional: el material electoral utilizado en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 debe permanecer bajo resguardo total.

No se trata de una formalidad administrativa, sino de una obligación legal indispensable para garantizar la resolución de los recursos de apelación aún en trámite.

En un comunicado dirigido a la comunidad nacional e internacional, el TJE dejó claro que esos documentos constituyen pruebas esenciales dentro del proceso jurisdiccional electoral y, por tanto, su custodia no admite interferencias ni decisiones ajenas a la ley.

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TJE: custodia del material electoral, clave del proceso jurisdiccional

El TJE recordó que, como máxima autoridad electoral en materia jurisdiccional, tiene la competencia exclusiva para conocer y resolver las controversias derivadas del proceso electoral.

En ese marco, la guarda y custodia del material electoral en los niveles presidencial, legislativo y municipal es un requisito indispensable para garantizar decisiones en derecho.

Por ello, el TJE reiteró su solicitud a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Estado Mayor Conjunto, para que se garantice la seguridad, preservación e integridad de todos los documentos y materiales electorales utilizados en los comicios.

El límite constitucional frente a órdenes ilegales

Uno de los pasajes más contundentes del pronunciamiento es el recordatorio constitucional dirigido a las Fuerzas Armadas: no están obligadas a obedecer órdenes ilegales.

El TJE enfatiza que ningún decreto legislativo puede colocarse por encima de la Constitución ni imponer actuaciones contrarias a la normativa electoral.

En ese sentido, el tribunal advierte que "disposiciones emanadas del decreto legislativo 58-2025 no pueden justificar decisiones que comprometan la cadena de custodia del material electoral ni alteren el marco jurídico que rige el proceso".

El decreto legislativo 58-2025, aprobado el jueves 8 de enero en una cuestionada sesión legislativa, manda al Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar el conteo de todas las actas electorales.

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Declaratorias del CNE siguen vigentes

El TJE también recordó que las certificaciones que emitió el Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto a nivel presidencial como de diputados y corporaciones municipales, no pueden ser desconocidas.

Estas declaratorias forman parte del cierre administrativo del proceso electoral y mantienen plena validez mientras no exista una resolución en contrario dentro del marco legal.

Este señalamiento busca cerrar la puerta a interpretaciones políticas que pretendan debilitar actos ya certificados por la autoridad administrativa electoral.

El TJE reafirma que continuará ejerciendo sus funciones con independencia, transparencia y estricto apego a la ley.

El mensaje final es inequívoco: el resguardo del material electoral no es negociable. En momentos de tensión institucional, el TJE coloca un límite claro y recuerda que la democracia se protege garantizando la integridad del voto y de los documentos que lo sustentan.