El proceso electoral hondureño entró en una etapa clave con el inicio formal de la fase de recursos ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), instancia que deberá resolver 98 recursos de apelación presentados por candidatos y ciudadanos que se consideran afectados por la declaratoria oficial de las elecciones presidenciales, realizada el pasado 30 de diciembre.

El tema fue analizado este domingo en el programa 30/30, donde expertos en derecho constitucional coincidieron en que el TJE enfrenta uno de los mayores desafíos institucionales desde su creación, tanto por la magnitud de las impugnaciones como por el contexto de desconfianza y polarización que rodea el proceso.

Ataques a la institucionalidad y discurso de fraude

Durante el panel, los analistas advirtieron que nunca antes la institucionalidad electoral, con rango constitucional, había estado sometida a un nivel tan alto de ataques y cuestionamientos públicos, muchos de ellos articulados bajo una narrativa de fraude.

Señalaron que las impugnaciones forman parte de un proceso establecido en la Ley Procesal Electoral y que el país se encuentra ahora en la etapa en la que el Tribunal de Justicia Electoral debe conocer y resolver los recursos, luego de que el Consejo Nacional Electoral cumpliera con la declaratoria en los plazos legales.

Plazos legales y limitaciones operativas

Uno de los principales retos es el tiempo. El TJE tiene plazos definidos por ley para admitir o rechazar los recursos de apelación, en un calendario político que avanza hacia la instalación del nuevo Congreso Nacional y la toma de posesión del próximo gobierno, prevista para el 27 de enero.

A esto se suma una limitación estructural: los magistrados han reconocido públicamente que el Tribunal no ha contado con el presupuesto ni con las transferencias financieras necesarias para su plena operatividad, pese a lo cual se mantienen trabajando para cumplir con su mandato constitucional.

Fallos irrecurribles y la opción del amparo

Los expertos recordaron que las resoluciones del Tribunal de Justicia Electoral son, por mandato de ley, irrecurribles dentro de la jurisdicción electoral. Es decir, si el TJE declara sin lugar o inadmisibles los recursos, el proceso se agota en esa instancia.

No obstante, aún existe la posibilidad de acudir a un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, una vía contemplada en la Constitución, aunque su resolución podría extenderse en el tiempo y prolongar la incertidumbre jurídica.

La carga de la prueba y la revisión de actas

Durante el debate se enfatizó que en materia electoral no basta con denunciar irregularidades, sino que estas deben acreditarse conforme a la ley.

“En estos procesos no cuenta solo lo que se afirma, sino lo que se logra probar”, señalaron los especialistas, al advertir que muchas de las apelaciones incluyen solicitudes para revisar miles de actas.

El abogado Oliver Erazo alertó que trasladar la revisión de más de 8,000 actas al Tribunal implica una capacidad técnica que debe ser claramente explicada a la ciudadanía para evitar nuevas controversias.

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Llamado a respetar la vía legal

Los analistas hicieron un llamado a los actores políticos y a la población a respetar el marco constitucional y legal, y a dejar de lado mecanismos de presión como carpas, encamados o tomas de instalaciones públicas.

“La ley establece las vías para reclamar. La estabilidad del país depende de que los conflictos se resuelvan en los tribunales y no en las calles”, concluyeron.