Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en los preparativos para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el conflicto con el sector transporte se agudiza debido a una deuda pendiente por el servicio de traslado de maletas electorales durante el proceso primario de marzo.

Este sábado, transportistas bloquearon las entradas principales del CNE en su nueva sede en el barrio San Felipe de Tegucigalpa, impidiendo la entrada y salida de empleados y funcionarios.

La medida responde a la falta de pago por parte del órgano electoral, que mantiene una deuda estimada en más de 64 millones de lempiras.

Los transportistas determinaron atravesar sus camiones frente al CNE tras varios días de reclamos administrativos sin respuesta por parte de las autoridades electorales.

"Estamos en alarma. Hoy se levanta un acta notarial ante el silencio administrativo del CNE. Eso significa que la próxima semana podríamos presentar una demanda por más de 100 millones de lempiras, con embargo de cuentas al CNE", advirtió el abogado Teodoro Bonilla, apoderado legal del gremio.

Transportistas no descartan tomas en la CA-5

Por su parte, el transportista Óscar Aguilera aseguró que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta clara y concreta. "Tenemos tres días de estar aquí día y noche, y nadie nos ha dado la cara. Vamos a agudizar las acciones, se vienen tomas en la carretera CA-5", advirtió.

Aguilera señaló también que ya no participarán en ninguna nueva licitación del CNE para el traslado de material electoral mientras no se honre el compromiso adquirido en marzo.

La Cámara de Transporte Terrestre de Honduras señaló recientemente que la deuda tiene más de siete meses sin resolverse, afectando gravemente la economía de las empresas involucradas.

A pesar de las acciones de presión, los transportistas aseguran que están abiertos al diálogo, siempre que el CNE dé señales claras de voluntad de pago.

El CNE anunció que contratará servicios de transporte privado para el traslado de urnas a nivel nacional durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

En esta ocasión, el organismo exigirá a las empresas que participen en la licitación el compromiso de utilizar únicamente camiones, y no autobuses, como ocurrió durante las elecciones primarias.

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