Votar en Honduras este 30 de noviembre no será un acto normal: el país llegará a las urnas bajo un estado de excepción que ya supera los 1,000 días y que restringe libertades esenciales para cualquier proceso democrático.
Con más de 226 municipios sometidos a límites de circulación, reunión e inviolabilidad del domicilio, la jornada electoral se desarrollará en un ambiente donde las garantías están suspendidas y las dudas crecen.
¿Qué riesgos enfrenta realmente la ciudadanía al votar en un contexto donde la ley permite detener, registrar y controlar el movimiento de las personas?
El informe: Aun con puntos críticos pendientes, avanzamos a las elecciones generales de noviembre del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), es contundente: Honduras celebrará sus elecciones generales en un contexto que suspende garantías constitucionales esenciales para la vida democrática, por el estado de excepción.
Según el análisis, la vigencia del decreto PCM 29-2022, que inició en diciembre de 2022, restringe derechos clave durante un proceso electoral:
- Libertad personal
- También, libertad de circulación
- La libertad de reunión y manifestación
- Inviolabilidad del domicilio
Son, precisamente, las libertades indispensables para la participación política, la movilización ciudadana y la observación electoral independiente.
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Estado de excepción en Honduras: ¿por qué sigue vigente?
El 12 de noviembre, a solo dos semanas de los comicios, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar la medida por 45 días más, cubriendo 226 municipios del país.
El PCM 37-2025, publicado en La Gaceta, extiende la suspensión de garantías hasta el 26 de diciembre.
La justificación oficial fue la misma: combatir la extorsión, los homicidios y las actividades derivadas del narcotráfico.
Sin embargo, el informe subraya que organizaciones nacionales e internacionales han pedido suspender la medida al menos durante el periodo electoral, por las implicaciones que tiene en el ejercicio pleno de los derechos políticos.
Riesgos reales del voto bajo suspensión de garantías
El Cespad advierte que Honduras se convertirá, de hecho, en el único país de la región que llevará a cabo elecciones generales bajo un régimen que limita libertades fundamentales.
Restricciones de movilidad y circulación
Las limitaciones en 226 municipios pueden afectar la capacidad de miles de personas para llegar a sus centros de votación, especialmente en zonas rurales donde hay retenes policiales y militares.
Obstáculos a la libertad de reunión electoral
Las campañas, las actividades de observación y el desplazamiento de periodistas pueden verse condicionados por controles o interpretaciones discrecionales del decreto.
Menor capacidad de veeduría independiente
El estado de excepción puede dificultar la labor de observadores nacionales e internacionales, especialmente en departamentos donde se refuerzan las restricciones.
Riesgo de abusos de autoridad
El informe registra denuncias por detenciones, requisas y uso excesivo de la fuerza, elementos que podrían recrudecerse en una jornada de alta tensión política.
Impacto en la legitimidad del proceso
Una elección donde los derechos están suspendidos abre el debate sobre la representatividad real del voto y sobre la confianza de la ciudadanía en el resultado.
Advertencias nacionales e internacionales: señales de alerta
Según el documento, las preocupaciones se concentran en tres puntos:
- La falta de control legislativo: las prórrogas recientes no se han sometido al Congreso Nacional.
- El carácter prolongado del régimen: más de 1,000 días de excepcionalidad sin evaluación pública de resultados.
- Las denuncias acumuladas: más de 1,000 quejas ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) por violaciones de derechos durante la vigencia del decreto.
Estas señales, advierte el Cespad, afectan directamente la calidad democrática del proceso electoral.
¿Qué puede pasar el 30 de noviembre? Los escenarios posibles
1. Un proceso sin incidentes mayores
Las fuerzas de seguridad optan por no aplicar restricciones durante el traslado de votantes, lo que permite una jornada fluida.
2. Aplicación discrecional de las medidas
Retenes, requisas o controles mal ejecutados pueden retrasar o impedir la movilidad de votantes y observadores.
3. Disputas narrativas sobre la legitimidad
Sectores políticos podrían usar la vigencia del estado de excepción para cuestionar el resultado si el clima posterior se torna conflictivo.
4. Obstáculos para la observación internacional
En zonas con toque de queda reforzado o controles de seguridad, misiones de observación podrían enfrentar dificultades de acceso.
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Conclusión: una elección que mide la solidez del sistema democrático
Celebrar una elección general bajo estado de excepción es un hecho extraordinario que coloca a Honduras frente a su propio límite democrático.
El Gobierno insiste en que la medida es indispensable para la seguridad; sin embargo, la academia, la sociedad civil y el propio Conadeh dicen que suspender derechos en pleno ciclo electoral vulnera la esencia misma de la participación política.
El 30 de noviembre será una prueba.
