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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia catalogó como "absolutamente reprochable" la utilización de frases irrespetuosas por parte del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, contra periodistas de La Nación, Crhoy y Teletica, las cuales lesionan la libertad de prensa.
Así lo indica la sentencia integral de un recurso de amparo ganado por el periodista Jason Ureña, en mayo de 2023, contra el gobernante y la exministra de Salud costarricense, Joselyn Chacón, según informó el medio tico La Nación.
Chaves y Chacón utilizaron frases como "malditos", "sicarios políticos", "asesinos a sueldo", "banda" y "montón de lobos", para referirse a periodistas de tres medios: CRHoy, Telenoticias y La Nación.
Por lo anterior, la Sala IV del Supremo de Costa Rica señaló que las frases no se justificaban y constituyeron un exceso y una lesión a la libertad de prensa.
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"Es absolutamente reprochable que utilicen ese tipo de frases, pues no contribuyen al fortalecimiento de la prensa en una democracia", señala textualmente el documento de la Sala.
La Sala Constitucional consideró que, independientemente de si los dos funcionarios estimaron que la investigación realizada por los medios era incompleta y parcial, la utilización de este tipo de frases es absolutamente reprochable.
"La utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa. En este sentido, denota pobre accesibilidad a la información pública y falta de capacidad de brindar respuesta a las objeciones ciudadanas", enfatizaron los magistrados.
Estados democráticos
El criterio de los jueces constitucionales es que las conferencias de prensa, en especial las televisadas, son de gran utilidad para los Estados democráticos, pues acercan la información a la ciudadanía y, además, transparentan los temas de interés público y los difunden de manera más inmediata.
Sin embargo, puntualizaron que el irrespeto y las ofensas no contribuyen a ese objetivo y, lejos de aclarar, orientar y dar datos relevantes; buscan reprochar la información mediante juicios de valor y calificativos que se alejan del respeto que se impone en el ejercicio público.
"En ese tanto, se consideran medios de ataque o reproche a la libertad de expresión", explicaron los magistrados, quienes señalaron que el periodista Ureña puede acudir a la vía ordinaria si considera que las expresiones del presidente y la exministra "son injuriosas, calumniosas o difamantes".
La Sala Cuarta condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, a favor de Ureña por manifestaciones del gobernante y la exjerarca, consideradas por los magistrados como irrespetuosas y ofensivas, y que lesionan la libertad de prensa.
El periodista tenía el derecho de exigir al Estado una importante suma de dinero por costas, daños y perjuicios, pero decidió no hacer el cobro, según un reportaje de Teletica.
Crítica intensa
Según la sentencia, los funcionarios públicos están sometidos a una crítica más intensa que el resto de la población por parte de la prensa y de los habitantes de la República,.
"De ahí que se deba soportar críticas agudas, irónicas, sarcásticas, entre otras; es decir, el funcionario debe ser más tolerante que el resto de la población cuando de crítica dura se trata", reza parte del escrito.
La Sala Constitucional también respaldó la posibilidad de que un funcionario puede hacer una defensa vehemente de su posición contra las críticas y cuestionamientos de los comunicadores; pero sin rayar en los insultos y mucho menos promover el hostigamiento hacia los trabajadores de los medios de comunicación.
Ese derecho de los funcionarios puede ejercerse siempre y cuando sus manifestaciones no constituyan una censura directa o indirecta; ni promuevan acciones contra la integridad física de los periodistas.
Además, los bienes del medio, ni constituyan un obstáculo para ejercer un periodismo libre e independiente, propio de una sociedad democrática.
Mucho menos tienen derecho, los servidores públicos, de impedir que un medio o periodista pueda seguir informando sobre un tema u otros, a través de acciones como negarles espacio en las conferencias de prensa o impedir la acreditación en eventos de interés público, puntualizó.
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