El congelamiento de la tarifa eléctrica en Honduras durante seis meses tendría un costo aproximado de 6,000 millones de lempiras, equivalentes a unos 1,000 millones mensuales, según un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La organización presentó estos hallazgos el martes 20 de octubre, durante la exposición del informe "De la ley a resultados: hoja de ruta para la transformación del sector eléctrico", en el que examinó los alcances y desafíos de la nueva Ley de Justicia Energética.
La normativa, vigente desde el 29 de septiembre de 2026, establece el congelamiento general de las tarifas hasta el 29 de marzo de 2027, con la posibilidad de que el Congreso Nacional prorrogue la medida por otros seis meses.
¿A quién beneficia más el congelamiento de la tarifa eléctrica?
ASJ advierte que, aunque la medida representa un alivio para los consumidores, los mayores beneficios económicos se concentran en quienes utilizan más electricidad.
Según sus estimaciones, el 10 % de los clientes con mayor consumo recibe el 65 % del alivio económico, mientras que la mitad de los usuarios que menos energía consume obtiene apenas el 9 %.
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Asimismo, los hogares con consumos de hasta 150 kilovatios hora (kWh), que representan aproximadamente el 70 % de los clientes, reciben solamente el 16.5 % del beneficio.
El informe también revela que un hogar que consume más de 500 kWh obtiene un alivio económico 33 veces superior al de uno que utiliza hasta 100 kWh.
Además, los sectores comercial, industrial y gubernamental, que representan menos del 10 % de los clientes, concentran el 51 % del alivio estimado.
¿Cómo afecta el congelamiento a las finanzas de la ENEE?
La ASJ advierte que el congelamiento podría aumentar el endeudamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), debido a que la normativa no establece claramente cómo financiar el costo de mantener las tarifas.
El informe señala que la estatal difiere aproximadamente 105 millones de dólares, con intereses, correspondientes a la brecha tarifaria del cuarto trimestre de 2026.
El término "deuda diferida" o "costo diferido" se refiere a una obligación financiera (un pago o deuda) cuyo vencimiento o cobro se ha pospuesto o postergado para el futuro en lugar de aplicarse de inmediato.
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Durante 2026, la tarifa eléctrica promedio registró cuatro incrementos, aunque solo tres se aplicaron a los consumidores: 4.11 % en el primer trimestre, 10.49 % en el segundo y 12.48 % en el tercero.
Para el cuarto trimestre, la CREE autorizó un ajuste de 0.64 %, que no se trasladó a los usuarios debido al congelamiento tarifario.
¿Qué recomienda ASJ sobre el congelamiento tarifario?
Ante este panorama, ASJ propone sustituir los alivios generalizados por subsidios focalizados que beneficien principalmente a los hogares de menores consumos y mayores necesidades económicas.
También recomienda que la CREE y la ENEE publiquen mensualmente cuánto cuesta el congelamiento, quién lo financia y cuánto acumula la estatal como deuda diferida.
Asimismo, solicita que la Secretaría de Finanzas incluya una partida específica en el Presupuesto General de 2027 para cubrir estos beneficios y evitar un mayor endeudamiento de la ENEE.
Ley de Justicia Energética: 41 de 42 hitos siguen pendientes
Por otra parte, la organización identificó 42 hitos distribuidos en siete ejes para implementar la Ley de Justicia Energética.
De estos, 41 continuaban sin completarse al momento de la presentación: 20 no habían iniciado, otros 20 carecían de información pública y uno estaba en proceso.
El único hito cumplido corresponde a la publicación de la Ley de Justicia Energética en el diario oficial La Gaceta, el 29 de septiembre de 2026, mediante el Decreto 198-2026, que marcó su entrada en vigor.
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