La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) autorizó la estructura tarifaria aplicable a los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para el cuarto trimestre de 2026.
La revisión técnica trimestral contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre.
El informe técnico arrojó un ajuste tarifario que representa un incremento del 0.64 % en la tarifa promedio respecto al periodo anterior.
Este cálculo se realizó en cumplimiento estricto de las obligaciones legales que exige la normativa del sector eléctrico.
Sin embargo, conforme a la recién promulgada Ley de Justicia Energética, la ENEE no podrá aplicar este incremento a la factura de los consumidores. La prohibición legal mantendrá congelado el recibo de luz para resguardar la economía de los usuarios.
Precios fijados en el servicio residencial y general
Para la categoría de servicio residencial, la CREE aprobó una tarifa de L 5.0031/kWh para los primeros 50 kWh consumidos en el mes.
Para el consumo excedente de los 50 kWh, el precio por kilovatio hora se determinó en L 6.5102/kWh.
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El pliego tarifario incluye los valores ajustados para comercial, baja, media y alta tensión, además de fijar el alumbrado público en L 69.57 de cargo fijo por lámpara y L 5.1379/kWh por consumo de energía.
Transparencia técnica sin cobro adicional
A pesar de que el 0.64 % de alza no se cobrará a la población, la CREE continuará realizando y publicando sus evaluaciones trimestrales. El objetivo es visibilizar los costos reales de generación y distribución eléctrica en el país.
Esta disposición legal obliga a la ENEE a absorber los ajustes sin alterar los montos cobrados a la ciudadanía, garantizando un periodo de estabilidad tarifaria durante los próximos seis meses establecidos por la ley.
Supervisión de la facturación a partir de octubre
A partir del 1 de octubre de 2026, la CREE fiscalizará que la ENEE emita las facturas aplicando los cobros congelados y respetando el mandato de la Ley de Justicia Energética, publicada en La Gaceta.
El ente regulador con sede en Tegucigalpa M.D.C. ratificó su rol técnico de supervisión para velar porque la estatal eléctrica aplique únicamente los cobros autorizados sin trasladar incrementos no permitidos a los abonados.
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