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El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto que buscan fortalecer el control, la transparencia y la eficiencia en el manejo del dinero público, en una decisión respaldada por las cinco fuerzas políticas.
El eje central de los cambios es el fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), un mecanismo que centraliza la mayoría de los recursos del Estado en una sola cuenta administrada por la Secretaría de Finanzas, a través de la Tesorería General de la República.
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Con esto, se pretende evitar la dispersión de fondos en múltiples cuentas institucionales, una práctica que ha dificultado la supervisión del gasto.
Centralización y control del gasto
La reforma establece que las instituciones públicas deberán concentrar sus recursos en este sistema, lo que permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de fondos y mejorar la planificación financiera del Estado.
Además, se refuerzan las facultades de la Tesorería, que ahora tendrá mayor capacidad para supervisar cuentas, centralizar ingresos, administrar pagos y requerir información financiera incluso fuera del país.
También se introducen mejoras en la programación de caja, permitiendo una gestión más ordenada de los ingresos y egresos, así como la posibilidad de manejar excedentes temporales de liquidez bajo criterios técnicos.
Reacciones y alcances de la reforma
La diputada Sara Zavala explicó en Noticieros Hoy Mismo que las reformas buscan establecer reglas claras para evitar el uso discrecional de los fondos públicos. "Lo que se busca es la eficiencia del gasto, la transparencia y el buen uso del manejo de los fondos", señaló.
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Según la congresista, la Cuenta Única del Tesoro había sido cuestionada anteriormente por prácticas inadecuadas. "Se busca que ese uso discrecional que se le ha venido dando en los últimos años no siga dándose de esa forma", afirmó, al tiempo que destacó que la reforma sigue estándares y buenas prácticas internacionales.
Reglas para embargos y obligaciones del Estado
Otro de los puntos relevantes es la regulación de los embargos contra el Estado. La normativa fija un plazo de hasta 12 meses para cumplir con pagos derivados de sentencias judiciales antes de permitir embargos, con el fin de evitar que la caja estatal pierda liquidez y se afecten proyectos o servicios.
Asimismo, se obliga a instituciones públicas y privadas que administren recursos estatales a reportar información financiera y reintegrar fondos no utilizados, reforzando la rendición de cuentas.
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