El Gobierno de Honduras comenzó este lunes una medida temporal para contener el precio del diésel, pero economistas y representantes del sector privado consideran que el alivio al consumidor debe ir acompañado de recortes en otros gastos del Estado para evitar que el costo termine presionando las finanzas públicas.
Durante el programa 30/30, emitido el domingo 4 de octubre, Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), planteó que antes de asumir nuevos costos el Gobierno debería identificar en qué áreas puede generar ahorros.
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"El Gobierno debe de identificar dónde va a hacer ahorros", señaló Urtecho, quien puso como ejemplos los gastos en viáticos, vehículos de lujo y automóviles utilizados como escolta de funcionarios.
A su criterio, si el Estado decide reducir el costo del diésel para los consumidores, pero simultáneamente aumenta sus propios gastos, el impacto de la medida podría diluirse.
"Debe dejar de gastar en viático, dejar de gastar en carros de lujo, en que le pongan carros seguidores a los funcionarios. Con ese tipo de medidas también se ahorra, pero si van a bajarle al diésel pero van a subir el gasto, no hay impacto", afirmó.
Proponen revisar impuesto aplicado a los combustibles
Urtecho también señaló que economistas del Consejo han planteado modificar la forma en que se aplica uno de los componentes tributarios de los combustibles.
Según explicó, se ha propuesto que los 40 centavos de dólar que se cobran como impuesto dejen de estar expresados en dólares y pasen a manejarse en lempiras.
"¿Por qué motivo tiene que utilizarse el dólar en lugar de utilizar el lempira?", cuestionó.
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La propuesta surge en medio de una discusión sobre cómo reducir el impacto que tienen las variaciones internacionales y el tipo de cambio sobre los precios de los combustibles en Honduras.
¿Qué gastos sevan a reducir?
Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y de Transparencia Internacional Honduras, también advirtió sobre las consecuencias que puede tener para las finanzas públicas asumir el costo de los subsidios.
Hernández planteó que la discusión no debe limitarse a cuánto se dejará de pagar por el combustible, sino también a qué gastos del Estado se reducirán para compensar los recursos que dejará de recibir.
"El gran problema es que tomamos decisiones en base a la presión, pero la pregunta es eso que va a dejar de recibir, ¿se van a reducir los salarios, se van a eliminar los viáticos, menos viajes?", cuestionó.
El representante de ASJ agregó que el Estado deberá definir de dónde saldrán los recursos para financiar estas medidas.
"¿A quién van a sacrificar? ¿Le van a quitar dinero a educación o a seguridad? Ahí es donde siento que está el gran problema", manifestó.
Gobierno asumirá L12.01 por cada galón de diésel
La discusión se produce luego de que el Gobierno anunciara que asumirá L12.01 por cada galón de diésel durante 30 días, equivalentes al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial.
La medida comenzó a aplicarse este lunes 5 de octubre y busca evitar que ese costo sea trasladado directamente al consumidor. El precio del galón de diésel en Tegucigalpa se mantiene en L153.53 durante este período.
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El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, explicó que la decisión representa un sacrificio fiscal para el Estado, debido a que durante el período de vigencia dejará de percibir el monto correspondiente al ACPV del diésel
Economistas advierten sobre el costo de las medidas
De acuerdo con las estimaciones expuestas por los economistas en el programa 30/30, el Estado podría dejar de recibir al menos L8,000 millones al considerar el congelamiento del diésel y otras medidas relacionadas con el precio de la energía.
Los participantes señalaron que este tipo de medidas representan un alivio temporal, pero cuestionaron su sostenibilidad si no están acompañadas de una reducción de gastos y una estrategia para compensar los recursos que dejará de percibir el Estado.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que la medida sobre el diésel tendrá inicialmente una duración de 30 días y que durante ese período evaluará el comportamiento de los precios internacionales para determinar los siguientes pasos.
Vea el programa 30/30 aquí.
