La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) hizo un llamado a preservar el espíritu original de las reformas a la Ley de Energía que actualmente analiza el Congreso Nacional, al considerar que la iniciativa debe responder al interés del país y no a presiones de sectores particulares.
La organización advirtió que el proceso legislativo no debe convertirse en un escenario para incorporar incentivos o beneficios específicos que favorezcan a determinados grupos económicos, ya que, a su criterio, la prioridad debe ser fortalecer el sistema eléctrico nacional y garantizar que la población sea la principal beneficiaria.
ASJ: "Es una ley de país, no de intereses particulares"
El especialista en temas energéticos de la ASJ, Edgar Aguilar, señaló que el sector eléctrico siempre ha estado rodeado de intereses privados y políticos, por lo que insistió en que el debate debe enfocarse en construir una política pública de largo plazo.
Explicó que cualquier reforma debe responder a una visión nacional y evitar que las discusiones se polaricen alrededor de beneficios para sectores específicos.
"El tema energético en cualquier país del mundo involucra muchos intereses privados y también públicos. Como sociedad debemos impulsar una política de país y no enredarnos en debates que solo generan más polarización", manifestó.
Piden no abrir el debate sobre incentivos
Aguilar reconoció que existen países donde funcionan esquemas de incentivos para determinadas tecnologías de generación eléctrica. Sin embargo, sostuvo que ese no debe ser el tema central en la discusión actual.
Afirmó que incorporar este tipo de propuestas podría retrasar o complicar la aprobación de una normativa que considera necesaria para el país.
"No es el momento de hablar de beneficios o incentivos para tecnologías o grupos específicos. Esos temas deberán discutirse en su momento, pero ahora debemos proteger el espíritu de esta ley", expresó.
Asimismo, hizo un llamado al sector privado, a los diputados y a todos los actores involucrados para colocar los intereses de Honduras por encima de cualquier agenda particular.
Analizan propuestas presentadas al Congreso
El representante de la ASJ explicó que la organización ha revisado algunas de las iniciativas presentadas durante la discusión legislativa, entre ellas propuestas relacionadas con incentivos para determinadas tecnologías, esquemas de precios, macroredes y miniredes.
Aunque considera que esos planteamientos pueden ser analizados en el futuro, reiteró que actualmente el objetivo debe ser aprobar una legislación enfocada en fortalecer el sistema eléctrico y beneficiar a la población.
"La bandera debe ser Honduras primero. Esta es una ley de país y no una ley para favorecer intereses particulares", insistió.
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Reformas continúan su trámite legislativo
El proyecto de reformas a la Ley de Energía ya superó el primero y segundo debate en el Congreso Nacional.
No obstante, las contrapropuestas planteadas por distintos sectores serán conocidas durante la sesión ordinaria prevista para el 21 de julio de 2026, donde continuará el análisis de la iniciativa.
Desde distintos sectores también se ha reiterado que las reformas deben garantizar la permanencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como patrimonio del Estado y evitar cualquier mecanismo que pueda interpretarse como un proceso de privatización.
Sector privado plantea incorporar nuevos cambios
Mientras la ASJ solicita preservar el contenido original de las reformas, algunos representantes del sector empresarial consideran que la iniciativa aún puede fortalecerse.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Emin Abufele, propuso incorporar modificaciones que permitan abrir el mercado eléctrico y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Entre sus planteamientos figura permitir que generadores privados puedan comercializar energía directamente con grandes consumidores, así como impulsar una mayor participación de fuentes renovables como la energía solar, eólica e hidroeléctrica.
Abufele señaló que estas propuestas ya han sido conversadas con representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo, con el objetivo de alcanzar consensos antes de la discusión definitiva del proyecto.
