La decisión del gobierno de Honduras de centralizar los recursos no utilizados de las instituciones públicas a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT), a través del decreto PCM 38-2025, ha generado alertas sobre los desafíos que enfrentará la administración entrante para garantizar liquidez y cumplir compromisos financieros.

El decreto, publicado el 16 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, faculta a la Secretaría de Finanzas (Sefin) a reintegrar recursos depositados en cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del Sector Público No Financiero, siempre que no estén comprometidos en obligaciones legales, contractuales o devengadas.

La medida busca cubrir pagos urgentes y consolidar la liquidez bajo control del gobierno central.

Reintegro de recursos es legal, dice economista

Durante una entrevista en el noticiero Diario Matutino de radio HRN, la licenciada Nancy Ochoa, jefa del Departamento de Banco y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), calificó la medida como "una salida que está en primer lugar avalada por la ley" y explicó que responde a la necesidad de atender la deuda flotante, que incluye obligaciones de corto plazo por más de 30 mil millones de lempiras.

Ochoa advirtió que la acción tiene implicaciones técnicas para el gobierno entrante: "Esto implica que de alguna forma descapitaliza o resta una disponibilidad de capital de trabajo que requiere el Estado como tal. [...] Le traslada una limitación al gobierno entrante porque se necesita, independientemente del gobierno que ingrese, recursos para poder empezar a trabajar los primeros cien días de gobierno".

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La especialista señaló que este patrón se repite en varias transiciones gubernamentales. "Cuando este gobierno arrancó, uno de sus primeros desafíos fue encontrar arcas vacías. Nuevamente se repite la historia y se complica aún más cuando hay transición entre gobiernos de diferente línea política", dijo.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, Ochoa indicó que el gobierno alcanzó un 87.5% de ejecución, un nivel "normal" comparado con años anteriores. Sin embargo, factores como la parálisis del Congreso Nacional limitaron la aprobación de préstamos.

Medidas que deberá tomar el próximo gobierno

Respecto a los desafíos del próximo gobierno, Ochoa explicó que será necesario implementar estrategias rápidas para garantizar liquidez operativa, como acudir a deuda interna mediante bonos o préstamos bancarios, reforzar la recaudación tributaria y mantener buenas relaciones con organismos financieros internacionales.

No obstante, la especialista destacó un beneficio que deja la administración actual: el buen nivel de reservas internacionales. "Representa un recurso estratégico que el próximo gobierno puede considerar en caso de emergencia", señaló.

"Son escenarios hipotéticos, pero el gobierno puede hacer usos de esas medidas porque el desafío es grande. Obtener recursos en el corto plazo no es una tarea fácil", expresó.

Ochoa concluyó que la medida del PCM 38-2025 permite oxigenar las finanzas del Estado y atender obligaciones urgentes, pero trasladará un reto financiero al próximo gobierno.

"El análisis no va más allá de la liquidez operativa. [...] El reto es fortalecer la recaudación de ingresos, revisar el presupuesto para 2026 y priorizar inversión productiva y social, sin descuidar los pagos de sueldos y salarios", insistió.

El decreto refleja, según los expertos, un intento del gobierno saliente por cumplir compromisos inmediatos y garantizar liquidez operativa, aunque con implicaciones importantes para la gestión financiera del gobierno que asumirá en 2026.

Hay riesgos, advierte experta

No obstante, la economista Liliana Castillo subrayó los riesgos de la medida, durante una entrevista en el programa Detrás de la Noticia (DDN) de HRR y TSi.

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"Desde el momento en que se están pidiendo esos sobrantes a las instituciones restantes del sector público no financiero es que la tesorería de la administración central está ilíquida, está insolvente y tiene compromisos qué cumplir", dijo.

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