La decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 55 mil hondureños representa un golpe económico y social significativo para Honduras.

De acuerdo con el economista Ismael Zepeda esta medida podría significar una pérdida anual de más de 300 millones de dólares en remesas familiares.

Zepeda estima que cada beneficiario hondureño del TPS envía en promedio 500 dólares mensuales a sus familias en Honduras.

Estos recursos se traducen en ingresos esenciales para miles de hogares, especialmente en un país donde más del 60% de la población vive en situación de pobreza, según cifras oficiales.

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La eliminación del TPS no solo amenaza el sustento de muchas familias, sino que también pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.

Las remesas representan cerca del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, y cualquier reducción significativa en estos flujos podría presionar aún más a una economía que ya enfrenta desafíos estructurales como el desempleo, la migración forzada y la inseguridad.

Proyecciones del Banco Central

En 2024, Honduras captó 9,743 millones de dólares en remesas, un 6.2 % más que los 9,177.5 millones de 2023.

Las proyecciones del Banco Central de Honduras (BCH) estiman que las remesas superarán los 10 mil millones de dólares en 2025.

Anuncio del fin del TPS para Honduras y Nicaragua

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó la medida —que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal, programada para este martes— al considerar que Honduras y Nicaragua "ya no continúan cumpliendo los criterios para la designación del TPS".

El gobierno de Estados Unidos concedió este estatus migratorio a ambas naciones tras el impacto devastador del huracán Mitch en octubre de 1998, considerado el segundo ciclón más mortífero en la historia del Atlántico, que dejó más de 11,300 muertos en Centroamérica, incluyendo cerca de 7,000 en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua.

Sin embargo, el DHS argumenta que desde entonces "ha habido mejoras notables" en las condiciones de ambos países, lo que —según su criterio— "permite el adecuado retorno de sus ciudadanos".

Como ejemplo, el documento cita que "nuevos proyectos de infraestructura están por transformar a Honduras y crear empleos".

"Opciones legales" de migrantes hondureños con TPS

Pese a lo drástico de la medida, el canciller hondureño Javier Bu llamó el lunes a no interpretar la cancelación del TPS como una condena definitiva.

En conferencia de prensa, Bu reconoció que el peor escenario contempla el retorno de hasta 50 mil personas, pero recalcó que aún existen mecanismos legales para que muchos hondureños puedan permanecer en Estados Unidos.

"Hay mecanismos legales y hay gente que califica para regularizarse y no lo sabe. Por eso digo que cada tepesiano debe hablar con su abogado y explorar sus opciones", enfatizó el canciller.

Para Bu, más allá del TPS, la solución definitiva pasa por una reforma migratoria integral que reconozca el esfuerzo y la contribución de quienes trabajan de forma honesta en Estados Unidos.

"El lobby que se debió haber hecho hace años es por una reforma migratoria. La gente que trabaja, que no comete delitos, merece una oportunidad", sentenció.

El canciller también se mostró optimista ante recientes declaraciones del expresidente Donald Trump, quien expresó su interés en regularizar a ciertos trabajadores migrantes.

"Donald Trump valora el trabajo de muchos migrantes que están allá en turismo, agricultura, hotelería, servicios… Lo ha dicho en varias ocasiones. Esperamos que eso se traduzca en soluciones pragmáticas y humanas", concluyó.

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