La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillo, advirtió este domingo en HRN que el gasto corriente ejerce una presión insostenible sobre las finanzas del país.

Entre las partidas más altas del gasto corriente en el presupuesto 2025 está la de sueldos y salarios y la deuda pública. La primera es de unos 90,000 millones de lempiras para unos 270,000 empleados públicos, mientras que otros 70,000 millones se destinan al servicio de la deuda.

"Las medidas que se había dicho que se iban a tomar para controlar más el gasto corriente no se realizaron", expresó Castillo.

Recordó que "se hablaba de ver cómo se reducían los salarios, cómo se eliminaban dobles funciones en muchas instituciones. En el gasto corriente también está el tema de compra de mobiliario y equipo. Son este tipo de gastos los que realmente absorben gran parte del presupuesto".

Inversión productiva sacrificada en Honduras

La economista explicó que la inversión pública productiva, destinada a obras que generan empleo, apenas representa 30,000 millones de los 104,000 millones de lempiras del presupuesto solicitado para el 2026.

Indicó que siempre se sacrifica la inversión productiva en carreteras, puentes y proyectos de desarrollo para pasarla a gasto corriente.

Castillo advirtió que la falta de planificación eficiente y la ejecución incompleta de proyectos provoca pérdidas significativas.

Según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cerca de 3,000 millones de dólares en recursos disponibles no se han ejecutado por falta de capacidad técnica y planificación. La economista criticó que se obtengan préstamos y luego no se ejecuten los proyectos, con lo que el país queda pagando intereses por obras que nunca llegan.

"Yo creo que aquí tiene que llegar un punto en que algún gobierno tome seriamente lo de realizar este tipo de inversión productiva, porque ahí es donde se genera empleo. Eso va a ayudar al país a que vaya saliendo del subdesarrollo", aseguró.

Añadió que "a puro gasto corriente y endeudándonos cada año más va a ser difícil lograr un mayor grado de desarrollo económico y social".

Transparencia y lucha contra la corrupción

La economista también enfatizó la necesidad de mayor transparencia y control sobre la corrupción, un problema estructural en Honduras.

"En todos los gobiernos se viene dando (la corrupción) y ahí es donde debería de llegar alguien y realmente decir 'no va a haber más casos de corrupción o vamos a tratar de irla reduciendo aunque sea en forma gradual'".

Advirtió que la corrupción afecta incluso los temas de cooperación internacional, como la Cuenta del Milenio, a la que no se puede acceder por la percepción negativa que se tiene del país.

"Creo que no va a haber presupuesto, por muy grande que sea, que nos alcance para hacer los gastos que necesita el país para su propio desempeño administrativo y menos va a tener para desarrollar proyectos de infraestructura que beneficien al país", concluyó.

Castillo recomendó medidas integrales que incluyan reducción del gasto corriente innecesario, focalización de la ayuda social y eficiencia en la recaudación fiscal, como pasos necesarios para garantizar un uso responsable de los recursos y un desarrollo económico sostenible.

¿Qué es el gasto corriente?

Se refiere a todos aquellos gastos que el gobierno realiza de manera recurrente para mantener el funcionamiento básico del Estado.

Se trata de los desembolsos que no se destinan a la creación o adquisición de activos, sino que son necesarios para la operación diaria. El gasto corriente incluye, por ejemplo:

  • Sueldos y salarios de los empleados públicos (maestros, médicos, policías, etc.).
  • Compra de bienes y servicios básicos (papelería para oficinas, combustible para vehículos, medicinas, etc.).
  • Pago de intereses de la deuda pública.
  • Transferencias y subsidios (pensiones, becas, programas sociales).

A diferencia del gasto de capital, que se invierte en proyectos de infraestructura a largo plazo (como la construcción de carreteras, escuelas u hospitales), el gasto corriente no aumenta la capacidad productiva del país, pero es fundamental para que el gobierno pueda brindar sus servicios a la población.

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