El diputado del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Oved López, aseguró este miércoles que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria es un "capítulo cerrado" en la presente legislatura, debido a la falta de consensos políticos y al estancamiento del Congreso Nacional.

En declaraciones brindadas al noticiero TN5 Matutino de Canal 5, López expresó que "es sumamente difícil la aprobación de leyes de envergadura y de importancia como la Ley de Justicia Tributaria", y atribuyó la paralización legislativa a la falta de acuerdos con diputados de oposición, los cuales —según dijo— se han politizado por la proximidad de las elecciones generales.

"Yo creo que ya está cerrado este capítulo. Es una desgracia para el pueblo hondureño porque por primera vez había una ley tributaria que no afectaba a las mayorías, solamente quitaba algunas exoneraciones que no han servido para nada en el país", dijo López.

Agregó que será el próximo Congreso Nacional el que deberá asumir la responsabilidad de retomar el proyecto de la ley tributaria que logre que todos los sectores paguen impuestos.

El legislador oficialista señaló que en Honduras hay grupos económicos que no pagan impuestos, aunque reconoció que también hay empresarios responsables que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

¿Qué impidió la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria?

En una segunda entrevista, esta vez en Noticieros Hoy Mismo de TSi, el diputado amplió que la falta de mayoría simple del oficialismo en el Congreso Nacional ha sido uno de los principales obstáculos para aprobar leyes clave.

Libre cuenta con 50 de los 128 diputados representados en el Congreso Nacional de Honduras, por lo que no tiene los votos suficientes para aprobar leyes que requieren mayoría simple (65 votos) o mayoría calificada (85 votos), según sea el caso.

"Nosotros quedaríamos en deuda con esta ley y con otras en las que no obtuvimos consensos, más cuando se acercan las elecciones generales", afirmó.

López lamentó que la oposición haya anticipado que no respaldará proyectos de alto impacto, lo cual ha contribuido al actual estado de parálisis legislativa. No obstante, hizo un llamado al retorno de las sesiones.

"Pese a la falta de acuerdos, debemos retornar al Congreso porque la población pide ese retorno. Esperamos que el próximo miércoles logremos acuerdos mínimos y aprobar leyes", concluyó.

Congreso aprobará ampliación del periodo legislativo

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, anunció que ya está listo un proyecto de decreto para ampliar el período de sesiones legislativas, del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026.

Esta extensión permitiría aprobar, entre otros asuntos, el presupuesto destinado a la Unidad de Política Limpia y al Tribunal de Justicia Electoral, instituciones que han solicitado fondos urgentes de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Oposición a la Ley de Justicia Tributaria

Desde el sector privado hondureño se ha levantado una fuerte crítica hacia la Ley de Justicia Tributaria, una de los proyectos del gobierno de Xiomara Castro, afirmando que pone en riesgo la estabilidad económica del país.

Según el gobierno, la Ley de Justicia Tributaria busca eliminar privilegios fiscales injustificados, reducir la evasión y elusión fiscal, y garantizar una recaudación más equitativa, con énfasis en la transparencia y el fortalecimiento de servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura.

No obstante, Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) aseguró recientemente que muchas de las exoneraciones señaladas por el gobierno no benefician a grandes empresas, sino que corresponden principalmente a productos de la canasta básica, así como a ONG, misiones internacionales y otros actores no empresariales.

"El 56% de esas exoneraciones corresponde a la canasta básica", afirmó Herrera.

El ejecutivo del Cohep reconoció que existen casos de abusos en el sistema actual, pero cuestionó que la propuesta oficial no garantice una depuración efectiva.

En su opinión, más que una nueva ley, lo que se necesita es voluntad política para aplicar las herramientas legales ya vigentes y así corregir distorsiones sin poner en riesgo la actividad productiva.

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