Honduras se prepara para regresar este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo del Banco Mundial especializado en la resolución de controversias entre Estados e inversionistas.
El retorno ocurre casi dos años después de que el país abandonara este mecanismo internacional y representa un cambio en la política del actual Gobierno de Nasry Asfura, que busca fortalecer la seguridad jurídica, recuperar credibilidad y generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera.
Sin embargo, volver al CIADI es apenas el primer paso. El verdadero desafío será demostrar que Honduras puede prevenir conflictos, respetar contratos, ofrecer reglas estables y proteger las finanzas públicas sin cerrar las puertas a nuevas inversiones.
La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿qué debe hacer el Estado para que esta decisión tenga un impacto real y no se limite a enviar un mensaje político o diplomático?
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Después del regreso al CIADI, ¿cuáles son los siguientes pasos para Honduras?
El primer desafío será aprovechar el regreso al CIADI para ordenar y evaluar las controversias que actualmente enfrenta el Estado.
Honduras formalizó su salida del organismo el 25 de agosto de 2024, durante el Gobierno de Xiomara Castro, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional, las finanzas públicas y evitar demandas millonarias de inversionistas extranjeros.
No obstante, la salida no significó que desaparecieran las controversias. Incluso antes de que se hiciera efectiva, Honduras recibió nuevas demandas relacionadas con proyectos del sector de energía renovable y posteriormente se sumó otro proceso vinculado con proyectos inmobiliarios y de desarrollo.
Ahora, con el retorno al mecanismo internacional, el Estado necesita establecer una estrategia integral para atender los casos pendientes y prevenir nuevos litigios.
La Procuraduría General de la República ya anunció una auditoría de las demandas recientes contra Honduras, con el propósito de revisar los procesos y determinar posibles riesgos para el Estado.
Ese trabajo debería permitir identificar cuánto dinero público está en juego, cuáles son las posibilidades de éxito en cada proceso y en qué casos podría resultar conveniente alcanzar acuerdos antes de que los litigios se prolonguen durante años.
El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, ha señalado que el CIADI permite contar con reglas claras, mientras que el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, ha destacado que el mecanismo también puede ofrecer un espacio para buscar soluciones y conciliaciones en las demandas que afectan los recursos del país.
Por ello, el siguiente paso no debería ser esperar a que aparezcan nuevas demandas, sino establecer mecanismos de prevención y alerta temprana dentro de las instituciones públicas.
¿Qué acciones fortalecerían la seguridad jurídica del país?
La seguridad jurídica no depende únicamente de pertenecer al CIADI. Un inversionista necesita saber que las reglas bajo las cuales coloca su capital serán claras, previsibles y respetadas.
Para fortalecerla, Honduras necesita mejorar varios aspectos relacionados con la gestión pública y la relación entre el Estado y los inversionistas.
Uno de ellos es la estabilidad de las reglas. Los cambios regulatorios pueden ser necesarios, pero deben realizarse mediante procesos transparentes y con suficiente previsibilidad para quienes ya tienen inversiones en el país.
También resulta fundamental mejorar la calidad de los contratos estatales. Antes de firmar una concesión o acuerdo de inversión, las instituciones deberían analizar de manera detallada sus implicaciones jurídicas, técnicas y financieras.
Esto permitiría identificar obligaciones que el Estado quizá no tenga capacidad de cumplir y evitaría que decisiones tomadas en una administración terminen generando millonarias responsabilidades para gobiernos posteriores.
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Otro elemento es fortalecer las instituciones encargadas de otorgar permisos, regular sectores estratégicos y resolver controversias. Si los procesos administrativos son lentos o poco previsibles, aumenta la posibilidad de que una diferencia comercial termine escalando hasta convertirse en un conflicto internacional.
La seguridad jurídica también requiere transparencia y reglas iguales para todos, de manera que los inversionistas nacionales y extranjeros puedan conocer con claridad cuáles son sus derechos y obligaciones.
¿Cómo puede reducirse el número de litigios internacionales en el futuro?
El objetivo de Honduras no debería ser convertirse en un país que gana más arbitrajes, sino en uno que necesita recurrir menos a ellos.
Para conseguirlo, el Estado debe trabajar en la prevención de controversias desde el momento en que se negocia una inversión o se firma un contrato.
Una herramienta importante sería crear mecanismos de seguimiento permanente de los principales contratos de inversión. Esto permitiría detectar con anticipación incumplimientos, cambios regulatorios o desacuerdos que puedan convertirse posteriormente en demandas.
También sería necesario mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado. Una decisión tomada por una secretaría o un ente regulador puede tener consecuencias sobre un contrato firmado por otra dependencia, por lo que las políticas públicas deben analizarse de manera integral.
La conciliación temprana puede ser otra alternativa. No todos los conflictos necesariamente deben terminar en un proceso arbitral que puede extenderse durante años y generar importantes costos legales para ambas partes.
Esto no significa que el Estado deba aceptar cualquier reclamación de un inversionista. Significa analizar cada caso con criterios técnicos y determinar si resulta más conveniente defenderse hasta el final o alcanzar un acuerdo que proteja los intereses públicos.
El experto en arbitraje internacional Javier Briceño ha explicado que un proceso ante el CIADI puede durar varios años. Según sus declaraciones, existen casos que han concluido en aproximadamente un año, mientras otros se han prolongado por una década.
La prevención, por tanto, puede ser mucho menos costosa que esperar a que el conflicto llegue a esa instancia.
¿Qué esperan los inversionistas para considerar a Honduras un destino confiable?
El regreso al CIADI puede mejorar la percepción internacional de Honduras, pero no es suficiente para convencer a un inversionista de colocar su capital en el país.
Los inversionistas buscan previsibilidad. Necesitan saber cuánto tiempo tomará obtener permisos, cuáles serán las reglas tributarias, cómo funcionará el sistema energético, qué protección tendrán sus propiedades y qué ocurrirá si surge una disputa con el Estado.
También valoran factores como la seguridad, infraestructura, disponibilidad y confiabilidad de los servicios públicos y la capacidad de las instituciones para responder de manera eficiente.
En este sentido, Honduras compite con otros países de la región que continúan formando parte del CIADI, entre ellos El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
La reincorporación permite al país volver a contar con un mecanismo internacional que ofrece un marco conocido para resolver controversias, pero el mensaje hacia los inversionistas debe ser más amplio.
No basta con decir que Honduras tiene nuevamente acceso al CIADI. El país necesita demostrar que los conflictos pueden evitarse y que las reglas serán respetadas antes de que sea necesario recurrir al arbitraje.
Ese será uno de los elementos que determinará si el retorno genera un aumento real de la confianza empresarial.
¿Cuál debería ser la estrategia del Estado para proteger las finanzas públicas y, al mismo tiempo, generar confianza para nuevas inversiones?
El Gobierno enfrenta un equilibrio complejo: debe proteger los recursos públicos sin generar un ambiente en el que los inversionistas perciban que el Estado puede cambiar unilateralmente las condiciones de sus proyectos.
La estrategia debería comenzar con una mejor evaluación de los riesgos financieros de cada contrato.
Antes de comprometer recursos públicos, conceder beneficios fiscales o modificar condiciones de una inversión, el Estado debería conocer cuánto podría costarle esa decisión en el corto, mediano y largo plazo.
También resulta necesario fortalecer a las instituciones que representan jurídicamente al Estado para que cuenten con equipos especializados en arbitraje internacional, contratación pública, finanzas y sectores estratégicos.
La auditoría anunciada por la Procuraduría puede ser un primer paso para conocer la situación actual, pero el reto será convertir esa revisión en una política permanente de prevención.
Al mismo tiempo, las autoridades deben mantener canales de comunicación con los inversionistas para resolver diferencias antes de que escalen.
La protección de las finanzas públicas y la generación de confianza no tienen por qué ser objetivos contradictorios. Un Estado que cumple sus contratos, negocia con transparencia, evita compromisos que no puede financiar y resuelve los conflictos de manera oportuna puede resultar más atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de pagar millonarias indemnizaciones.
El regreso de Honduras al CIADI, entonces, debe verse como una herramienta y no como el resultado final.
El verdadero impacto se medirá en los próximos años: si disminuyen las controversias, si mejora la percepción de seguridad jurídica, si aumentan las inversiones y si el Estado logra resolver conflictos sin comprometer innecesariamente las finanzas públicas.
