Pese a que la vacunación en España es voluntaria, existe una Ley que impone la vacuna obligatoria en una crisis sanitaria, tal como la del covid-19. De tal manera que los ciudadanos que se resistan a la misma podrían enfrentar multas.

Las vacunas Pfizer y Moderna parecen ser un prometedor mecanismo para combatir el coronavirus, con un 95 por ciento de efectividad, mientras que, AstraZeneca aseguró que la suya es 70 por ciento efectiva. Aún así, gran parte de la población mundial parece no estar decidida a vacunarse debido a la rapidez con la que fueron fabricadas.

El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de España indica que un 43 por ciento de la población no está dispuesto a vacunarse contra el nuevo coronavirus, aunque un 40 por ciento sí lo haría de forma inmediata. 

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De modo que, aunque en España la vacunación no es obligatoria y cada ciudadano tiene la libertad de tomar sus propias decisiones, existe la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública del 14 de abril que permite obligar a la población a vacunarse ante la existencia de una crisis sanitaria cuando hay riesgo para la salud pública.

“Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”, enfatiza su segundo artículo.

Además, en otro de sus artículos especifica que el gobierno tiene la potestad de modificar o introducir algunos puntos en la Ley con la intención de que la vacuna sea obligatoria.

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 “Es una vacuna obligatoria y, por lo tanto, debemos estar preparados para que, cuando la tengamos, no sea una cuestión que tengamos que judicializar, sino que sea una cuestión que la ley orgánica prevé expresamente”, dijo Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia para Infobae.

La última propuesta que realizó el Partido Popular, al que pertenece Núñez, en Galicia fue la de incluir sanciones por infracciones en materia de salud, a través de una reforma de la Ley de Saúde. Esto incluye negarse a hacerse un test o a no vacunarse contra el coronavirus. Ambas serían infracciones leves, con multas de hasta tres mil euros.

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