El llamado a la revisión de los antecedentes policiales tiene como objetivo brindar nuevas oportunidades a más de 200 mujeres que, habiendo cumplido sus penas hace más de 20 años, continúan enfrentando discriminación y barreras para acceder a empleo en Honduras.

Claudia Ferrari, directora de Asopazh, resaltó la necesidad de abordar este problema que afecta directamente a mujeres que, a pesar de haber recibido apoyo para pasar sus antecedentes a estado pasivo, enfrentan humillaciones recurrentes durante estados de excepción parcial, donde son detenidas o sometidas debido a la activación de sus antecedentes en el sistema policial.

"Hemos llegado a la conclusión de que los antecedentes policiales, incluso cuando se ha brindado apoyo al 95% de ellas para poner en pasivo estos antecedentes, siguen siendo un obstáculo. Cada vez que hay un estado de excepción, muchas mujeres son detenidas en retenes o inspecciones al transporte público, reviviendo lo que ocurrió hace 20 años", señaló Ferrari.

La asociación trabaja activamente con el Centro de Estudios de la Mujer en Honduras (CEM-H) en programas de reinserción social para mujeres que han estado privadas de libertad.

A pesar de los esfuerzos, la problemática de los antecedentes policiales persiste, afectando la capacidad de estas mujeres para obtener empleo y reintegrarse plenamente a la sociedad.

Jenny Almendarez, actual postulante a fiscal general y asesora de Asopazh, destacó la importancia de reconsiderar la situación de los antecedentes penales y abogó por cambios legislativos que permitan a estas mujeres superar las barreras impuestas por la solicitud de antecedentes penales al buscar empleo.

"Es triste ver que muchas mujeres no pueden conseguir trabajos porque se les pide antecedentes penales. Nos parece que es importante que haya cambios legislativos al respecto", subrayó Almendarez.

Estigma laboral: más de 200 mujeres sin oportunidades

La realidad que enfrentan estas mujeres liberadas es desalentadora, aunque cumplieron con sus penas hace más de dos décadas, más de 200 de ellas se encuentran desempleadas debido a que los juzgados de ejecución no han cerrado oficialmente sus casos.

Esta situación refleja una desconexión en el sistema judicial que ha llevado a la falta de cierre y archivo de los expedientes de estas mujeres.

El problema se agrava con la persistencia de antecedentes policiales activos, que se convierten en un impedimento adicional para su reinserción laboral y social, destacaron las expertas.

Ante este escenario, el llamado a cambios legislativos cobra relevancia, donde la revisión de políticas relacionadas con la solicitud de antecedentes penales para el empleo podría marcar un cambio significativo en la vida de estas mujeres y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Hasta abril de 2022, el Instituto Nacional Penitenciario de Honduras (INP) contabilizaba alrededor de 1,184 mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario hondureño.

Vea además: Honduras es un país femicida, según la ONU; pide abordar de emergencia la violencia contra mujeres