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Al menos 30 defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios han sido asesinados en Honduras entre 2022 y 2024, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El Conadeh hizo un llamado al Estado hondureño para que implemente medidas efectivas que garanticen la seguridad de estos defensores, señalando que la criminalización y el riesgo para sus vidas han aumentado significativamente.
En su informe más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
La violencia contra los defensores proviene de diversos actores, tanto estatales como no estatales, que buscan silenciar sus voces.
Asesinato de Juan López, ambientalista hondureño
Un caso reciente que resalta esta problemática es el asesinato de Juan López, un defensor ambiental, ocurrido el 14 de septiembre de 2024. Tras este suceso, el Conadeh exigió al gobierno hondureño realizar una investigación exhaustiva e imparcial.
La mayoría de los asesinatos ocurridos entre 2022 y 2024 se han concentrado en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, con aproximadamente el 79 % de los casos.
La alarmante estadística indica que un defensor de la tierra es asesinado cada semana en el país.
Honduras responsable de la muerte de ambientalistas
La CIDH ha condenado al Estado hondureño en casos emblemáticos, como el de Blanca Jeannette Kawas, quien fue asesinada en 1995, y Carlos Escaleras, cuyo asesinato en 1997 destacó la falta de protección estatal.
El tercer caso es el de Carlos Antonio Luna López, representante del Movimiento Ambientalista de Olancho.
Este contexto resalta la necesidad urgente de un compromiso serio por parte del gobierno para proteger a quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos, asegurando que puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias.
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