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Mediante sus redes sociales, el Poder Judicial de Honduras informó que la decisión de absolver a Rodríguez Orellana y su núcleo familiar se tomó por unanimidad de votos, lo anterior, por insuficiencia en la prueba presentada y evacuada.
Como consecuencia de ese fallo absolutorio, se les revoca a los familiares las medidas cautelares que estaban cumpliendo, se les extiende la carta de libertad provisional y se ordena que en un plazo de diez días se les retorne los bienes que estén retenidos.
En su fallo, los jueces explicaron que las pruebas ofertadas generaron más dudas que certezas, que no se pudo demostrar la participación del lavado de activos y que no existió delito precedente ya que la prueba demostró que la actividad económica es formal.
Entre tanto, en declaraciones al noticiero Hoy Mismo de TSi, Rodríguez Orellana, agradeció a las nuevas autoridades de la CSJ por dictarle la medida absolutoria.
"Un nuevo amanecer para nosotros, 18 meses de estar privados de nuestra libertad, nuestros hijos en la calle, porque nos quitaron nuestras viviendas", dijo el exintegrante de la institución castrense.
Rodríguez Orellana y su esposa fueron detenidos el 4 de noviembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, cuando regresaban de un viaje por la isla de Roatán, en el Caribe hondureño.
Su suegra, que se dedica al comercio en un mercado de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, fue detenida ese mismo día en esa ciudad.
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La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del MP evacuó durante el juicio unos 18 medios de prueba documentales, entre ellos, dos declaraciones testimoniales.
También, dictámenes de informática forense, de extracción de análisis de dispositivos electrónicos, de escuchas y vaciados telefónicos, de vinculación criminal.
Además, una pericia financiera con más de 80 insumos, de cuya valoración el ente acusador del Estado esperaba que la Sala I del Tribunal de Sentencia emitiera un fallo condenatorio contra los acusados.
Acusación del MP
Según investigaciones, Santos Rodríguez Orellana "realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE", señaló en su momento el MP.
El acusado, agregó, participó en decomiso de vehículos donde se transportaban "millonarias cantidades de dólares" y, según testigos, también "está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA)".
Rodríguez Orellana, según "escuchas telefónicas, negociaba entrega de drogas luego que ésta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de la Mosquitia", y "todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra", afirmó el Ministerio Público.
De acuerdo a los análisis financieros, el excapitán de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de 2,5 millones de lempiras (101.821 dólares) y en salarios netos 813.918 lempiras (33.149 dólares).
Sin embargo, su esposa y suegra tuvieron "fuentes de ingresos en el período entre los años 2010 y 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles", añadió el Ministerio Público.
"Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no es coherente con lo declarado, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico", enfatizó.
Rodríguez Orellana fue cesado del Ejército por "actos deshonrosos, contrarios a la ética" y "al decoro militar" que "afectan el prestigio e imagen de la institución" tras denunciar en 2016 que las Fuerzas Armadas de su país estaban infiltradas en el narcotráfico.
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