Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este lunes a una mujer de 62 años, señalada preliminarmente de facilitar y permitir agresiones sexuales en perjuicio de su nieta, una menor de edad, a cambio de obtener beneficios económicos.
La detención se ejecutó en la colonia Las Flores, departamento de Comayagua, al centro de Honduras, mediante labores de inteligencia, ubicación y seguimiento realizadas por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC-DPI).
De acuerdo con el expediente investigativo, la sospechosa, quien sería abuela de la víctima, presuntamente habría permitido de manera reiterada que terceras personas abusaran sexualmente de la menor.
Las investigaciones también señalan que la mujer habría incumplido su deber de proteger y velar por la integridad de su nieta, pese a tener la responsabilidad legal y familiar de garantizar su cuidado.
Según la DPI, la sospechosa presuntamente habría permitido estas agresiones con el propósito de recibir dinero u otros beneficios económicos.
A la mujer se le supone responsable de los delitos de agresiones sexuales agravadas y continuadas, así como incumplimiento del deber de asistencia, en perjuicio de la menor.
La captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial y, posteriormente, la detenida fue puesta a disposición del juzgado competente para continuar con el proceso establecido conforme a la legislación hondureña.
El caso continuará bajo investigación y será la autoridad judicial correspondiente la encargada de determinar las responsabilidades que procedan.
Condena por violación en Honduras
El Código Penal de Honduras, en su artículo 249 se indica que: "El autor de un delito de violación debe ser castigado con las penas de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión".
Pero, debido a que la víctima es menor de 14 años, la pena debe aumentar en un tercio según establece el mismo artículo legal.
Mientras que, en el artículo 288, se indica que: "Quien deja de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, debe ser castigado con la pena de prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de seis (6) a doce (12) meses o multa de ciento ochenta (180) a trescientos sesenta (360) días".
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