En 2021, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) y la Unión Europea alertaron que los países de la región enfrentaban una lucha desigual contra el lavado de activos.

El diagnóstico situó a Honduras entre los más rezagados, sin tribunales especializados, sin decomisos significativos y con una débil articulación entre el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Cuatro años después, la historia se repite. El país llega a 2025 sin avances visibles, mientras las redes criminales perfeccionan sus mecanismos para blanquear dinero con apariencia de legalidad.

“El lavado ya no se hace con maletas de dinero. Ahora se disfraza en contratos, fundaciones y negocios legales”, dice un agente investigador que sigue de cerca casos financieros vinculados a estructuras criminales.

“El dinero se camufla en la economía formal, se mezcla con inversiones reales, y cuando queremos seguirle el rastro, ya se volvió intocable”.

El BCIE y GAFILAT en la lucha regional contra el lavado de activos

Para contrarrestar esa tendencia, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), junto al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lidera desde 2024 el Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Este programa, financiado con cooperación técnica no reembolsable, impulsa 10 proyectos locales y 4 regionales, entre ellos cursos de E-learning, talleres, evaluaciones sectoriales y documentos técnicos que buscan robustecer las medidas regulatorias.

El BCIE espera que estas acciones fortalezcan los sistemas financieros, aumenten la confianza de los inversionistas y eviten sanciones internacionales.

Sin embargo, en el caso de Honduras, revelan que no existen señales concretas de avance.

Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público publican indicadores que demuestren preparación o mejora sustancial frente a la evaluación, dicen expertos.

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La sofisticación en Honduras

El delito de lavado de activos en Honduras mutó. Ya no se limita al narcotráfico, sino que abarca corrupción, contrabando, minería ilegal y licitaciones públicas.

Los criminales utilizan empresas fachada, testaferros y transferencias en criptomonedas para ocultar el origen de los fondos.

“El dinero ilícito se mueve con total naturalidad dentro del sistema económico", explica el agente investigador.

"Se invierte en bienes raíces, transporte, construcción o turismo. Todo parece legal hasta que se descubre el hilo, pero para entonces ya está lavado", lamenta.

El informe del CJCC de 2021 advertía que el principal obstáculo era la falta de capacidad técnica y coordinación interinstitucional. Cuatro años después, ese diagnóstico asegura que sigue sin corregirse.

La evaluación de Gafilat sobre el lavado en Honduras

La Quinta Ronda de Evaluaciones del GAFILAT, comenzò en 2024 y pone a prueba el compromiso real del Estado hondureño.

Los países se evalúan en materia de detección, prevención y sanción de delitos financieros, y los resultados definen su posición ante organismos internacionales.

Un mal desempeño podría afectar la reputación financiera del país e incluso poner en riesgo la confianza de inversionistas internacionales.

“El examen no solo mide leyes, mide resultados", advierte el agente.

Los diagnósticos sobre el delito de lavado de activos

El BCIE insiste en que los países deben reforzar sus mecanismos antilavado para evitar ser incluidos en listas de monitoreo o sanciones internacionales.

Pero en Honduras, se debe avanzar más que en diagnósticos y talleres, deben haber más sentencias o decomisos concretos.

“El problema no es que no haya leyes, es que nadie las aplica con contundencia”, dice el investigador.

Honduras sigue sin desmantelar el andamiaje financiero del crimen. El dinero ilícito circula con apariencia de legalidad, mientras la justicia avanza con pasos lentos y dispersos.

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