El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, informó este lunes que se ha emitido una orden de captura internacional contra Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad.
A Molina, ex representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en el denominado "Tasón", se le supone responsable de los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos, en un caso que involucra un perjuicio al Estado de más de 18.5 millones de lempiras.
La orden se emite en el marco de la investigación sobre un contrato fraudulento adjudicado en diciembre de 2021 a la empresa Plasticards S.A. para el suministro de 480 mil tarjetas PVC utilizadas en licencias de conducir.
Según el MP, aunque el contrato fue pagado en su totalidad, solo 258,000 tarjetas ingresaron al país. Tres días después del pago, 17 millones de lempiras fueron transferidos a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina, quien por su cargo tenía prohibido legalmente contratar con el Estado.
Captura de socia de Juan Ramón Molina
En este caso también estaría implicada una socia de Molina, Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plasticards S.A., quien fue capturada el domingo 17 de agosto en Tegucigalpa, según confirmó el MP.
Su aprehensión fue realizada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que además ha asegurado bienes inmuebles, cuentas bancarias y sociedades mercantiles vinculadas a ambos implicados.
El abogado Jesús Humberto Mayorga, padre de Liana María Mayorga Castillo, expresó su inconformidad con el procedimiento.
"Ayer a las dos de la tarde la ATIC nos andaba persiguiendo (...) Dicen ellos que la detuvieron por fraude y lavado de activos, pero no hemos visto pruebas", declaró desde las afueras de un edificio ubicado en la colonia Alameda de Tegucigalpa, donde se encuentra su bufete y donde se realizaban diligencias investigativas.
Mayorga, exfuncionario del Poder Judicial, también afirmó que su hija nunca trabajó directamente para la Tasa de Seguridad y que su participación en proyectos anteriores fue como parte de una empresa estadounidense en la que él actuó como notario para dar fe del cumplimiento contractual.
"Hay gato encerrado en todo esto (…) Mi hija solo trabajó en una licitación de unas sillas para centros penales. Yo actué como notario en esa entrega, incluso hay actas y hasta una portada hay (en un periódico) con la entrega en La Mosquitia", sostuvo.
El MP confirmó que, aunque la adjudicación fue oficialmente para Plasticards S.A., las tarjetas fueron suministradas por la empresa estadounidense Interamerican Service Unlimited Corp. y trianguladas a través de Inversiones MyM, lo cual implicó movimientos financieros en Estados Unidos y Francia utilizados para el presunto lavado de activos.
Molina se encontraría en Estados Unidos
Las autoridades señalaron que Juan Ramón Molina se encontraría actualmente en Estados Unidos y que podría estar colaborando con las autoridades de ese país, donde también se investiga a otro exfuncionario hondureño por otro esquema financiero.
"Se nos ha dado algunos detalles, pero emitiremos un comunicado dando pormenores si se logra verificar que se encuentra en ese país y está colaborando", indicaron voceros del MP.
Esto dicen desde el Cohep sobre el señalamiento a Juan Ramón Molina
El director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, dijo que esta organización propuso como representante en la Tasa de Seguridad al señor Molina, sin embargo, asegura que las decisiones que tomaba eran a título personal.
"Cada quien sabe sus responsabilidades, ahí no tiene nada que ver el sector privado. Además, el Congreso Nacional modificó el decreto de la Tasa de Seguridad y nos eliminó del derecho al veto y encasilló todas las acciones bajo la Ley de Secretos", explicó.
Proceso contra exdirector de la Tasa de Seguridad
Este caso cobra aún más relevancia tras los recientes acontecimientos en Estados Unidos, donde Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad, compareció la semana pasada ante la Corte del Distrito Sur de Florida para admitir su responsabilidad en un esquema de sobornos y lavado de dinero que drenó millones de dólares destinados a fortalecer la seguridad pública en Honduras.
Su declaración ante el juez Edwin G. Torres no solo allana el camino hacia una sentencia, sino que refuerza el caso del Departamento de Justicia contra otros implicados en esta red de corrupción transnacional.
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