En un llamado urgente, Shackelford instó a los principales partidos políticos del país a presentar conjuntamente el borrador del dictamen de la Ley Procesal Electoral, destacando la importancia crítica de esta legislación en el contexto político hondureño, señalando que es fundamental para el proceso electoral de 2025.
"Lo llevamos comentando desde antes de las elecciones del 2021 que urge la Ley Procesal Electoral en Honduras. Ahora se ha hecho un trabajo increíble con las diferentes fuerzas políticas; ahora es momento de decir hoy sí que podemos celebrar que cuando hay consensos y entendimiento, los partidos políticos se pueden unir", expresó Shackelford, consultada por periodistas.
La representante de la ONU destacó la importancia del consenso entre los partidos políticos y alentó a que este espíritu de colaboración se extienda a otros temas de relevancia nacional, como por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El dictamen de la Ley Procesal Electoral, según Shackelford, debe ser discutido en el Congreso Nacional, y la urgencia radica en que las fuerzas políticas encuentren en sus agendas comunes las bases para los consensos.
"Hacemos el llamado a que las fuerzas políticas encuentren en sus agendas comunes las bases para los consensos y que después de tres meses puedan volver a trabajar. Estamos a dos años de la próxima elección, y esta Ley Procesal Electoral es crítica", subrayó la representante de la ONU.
Shackelford también hizo hincapié en la necesidad de actualizar las reformas electorales y asegurar que los presupuestos estén disponibles a tiempo, recordando las dificultades enfrentadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones de 2021, cuando la asignación de presupuestos se realizó hasta el último momento.
Reformas electorales: una tarea pendiente
Sobre las reformas electorales, los diputados del Congreso Nacional se han comprometido a la aprobación de reformas pendientes desde el año 2013 con la finalidad de fortalecer el proceso electoral del 2025.
Días antes de realizarse la convocatoria oficial para las elecciones generales de 2021, el Poder Legislativo aprobó la nueva Ley Electoral que contenía, entre varias cosas, algunas reformas como la integración y conformación de Juntas Receptoras de Votos (JRV), vigencia de un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) y un nuevo censo electoral.
Sin embargo, faltan algunos mecanismos que garanticen procesos electorales transparentes, como por ejemplo, incluirse la segunda vuelta electoral, según analistas.
Asimismo, reglamentar la reelección presidencial que fue permitida mediante una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que posibilitó que el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH, por sus siglas) se postular a un segundo mandado (2018-2022) que ganó en las elecciones de 2017 en medio de protestas por un supuesto fraude electoral.
También, regular los periodos de los congresistas y alcaldes, y reducir el número de diputados propietarios y suplentes del Poder Legislativo, que en la actualidad son 128 por cada nivel.
Elección transparente en el TSC
En relación con la elección de los magistrados del TSC, Shackelford destacó la importancia de llevar a cabo este proceso de manera legal, constitucional y transparente.
"Si estamos comprometidos a la lucha contra la corrupción en Honduras, la elección del TSC es sumamente crítica", afirmó.
Shackelford señaló que la falta de un magistrado en el TSC ha obstaculizado su capacidad para llevar a cabo su trabajo de manera efectiva.
Asimismo, hizo un llamado a que la elección se realice bajo principios participativos, consultivos y transparentes, asegurando que las personas seleccionadas sean las más idóneas, competentes y profesionales para este órgano de control fiscal.
"Si estamos comprometidos a la lucha contra la corrupción en Honduras, la elección el TSC es sumamente crítica. Han trabajo, al igual que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) con un magistrado menos, entonces eso no ha permitido al TSC hacer el trabajo que ha sido necesario", mencionó.
El pleno de magistrados es la máxima autoridad del TSC y desde el pasado 16 de febrero, cuando Roy Pineda fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está incompleto.
Los dos magistrados restantes, Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez, han urgido al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, agilizar el nombramiento del tercer magistrado. Sin embargo, desde entonces no hubo respuestas desde el Legislativo.
Para elegir a los nuevos relevos se requieren de 86 votos en el Congreso Nacional, no obstante, entre las bancadas no hay consensos para la elección de los magistrados, por lo que advierten que se nombren interinatos por parte de la comisión permanente, como recientemente pasó con los fiscales Johel Zelaya y Mario Morazán en el Ministerio Público.
Instalación de la CICIH
En otro aspecto, Shackelford abordó la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y los obstáculos que ha enfrentado.
Confirmó que están a la espera de la comunicación oficial del Gobierno sobre las personas responsables de iniciar el diálogo sobre el borrador del convenio.
"Este es un trabajo conjunto entre la ONU y el Gobierno de Honduras. El compendio de hallazgos legales que el Gobierno de Honduras ha recibido tiene que ser objeto de divisiones y discusión, naturalmente. La ONU está a la espera de la comunicación del Gobierno de Honduras sobre las personas que van a ser responsables para iniciar a dialogar sobre el borrador del convenio", concluyó Shackelford.
La urgencia expresada por la representante de la ONU resaltó los desafíos que enfrenta Honduras en su camino hacia elecciones transparentes y en la consolidación de instituciones que fortalezcan la democracia y combatan la corrupción.
Vea además: Unión Europea insta a Honduras a continuar proceso de reformas electorales
