Un Juez de Letras dictó en audiencia inicial la medida de arresto domiciliario bajo vigilancia policial para el diputado Nelson Márquez, Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz, Iris Miranda y Eva Vásquez, acusados de haber cometido fraude en perjuicio del Estado.
De acuerdo con lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, el togado tomó esta decisión a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público (MP).
Silva indicó que la continuación de la audiencia inicial por este caso se realizará el próximo martes 12 de agosto a las 9:00 de la mañana.
"Ese día se presentarán los medios de prueba por parte de los equipos de defensa, así mismo, ellos van a debatir los 67 medios de prueba que presentó la Fiscalía", acotó.
El funcionario judicial también mencionó que dicha medida contra los seis imputados deberá ser tramitada con el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para que autorice su salida del Centro Penitenciario de Támara, dónde estaban recluidos.
Por su parte, el abogado defensor Hermes Ramírez, acuerpó la decisión "apegada a derecho" por parte del Juez de Letras que conoce la causa y espera que en las próximas horas sus representados puedan gozar de la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial.
"Hay una medida que se ha solicitado, van en arresto domiciliario con excepción de una de las personas que está sometida a un estatus distinto", declaró Ramírez a periodistas.
Presunto caso de fraude
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, presentó el martes 29 de julio un requerimiento fiscal contra exfuncionarios, jueces y abogados que, según las investigaciones, "se coludieron para saquear" al Estado durante más de dos décadas.
Entre los acusados por fraude figuran la exprocuradora general Lidia Estela Cardona; la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; la exdirectora legal de SEDECOAS Eva Vásquez; el apoderado legal de NAINSA Juan Fernando Madrid; el representante legal de DRC Inc. Murray Paul Farmer; y el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral en representación del Colegio de Abogados.
También fueron acusados los jueces Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esaú Gradiz Vilorio por prevaricato judicial; el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía por uso de documento falso; y el receptor judicial Rafael Eduardo Chávez Aguilar por falsificación de documentos.
Un fraude que se originó tras el huracán Mitch
La red comenzó a operar en el año 2000, tras la emergencia provocada por el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., empresa no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a NAINSA.
Según la Fiscalía, en 2001 el cooperante internacional que financiaba el proyecto canceló la ayuda debido a inconsistencias en el contrato. Años después, ambas empresas presentaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral sin validez, nunca homologado por la Corte Suprema de Justicia.
Para sostener su estrategia, DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial en el que se comprometieron a no demandarse entre sí y simularon ser entidades independientes, aunque su actuar era coordinado con un solo fin: defraudar al Estado hondureño.
La red utilizó procesos arbitrales cargados de irregularidades, incluyendo escritos falsos; aplicación de un reglamento no publicado en La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable; presidido por uno de los imputados, que concluyó con una condena millonaria contra el Estado hondureño.
Reiteración de demandas sobre la base de un laudo anulado
Aunque el laudo fue declarado nulo por resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013, NAINSA interpuso una nueva demanda en 2019 con base en ese mismo documento sin validez. La jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda, reactivando un proceso legalmente concluido.
En enero de 2020, como parte del esquema fraudulento, Nelson Márquez —entonces secretario de SEDECOAS— remitió a la Procuraduría General un informe legal recomendando firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una “erogación mayor”, pese a saber que el laudo no tenía validez jurídica.
Un mes después, SEDECOAS y NAINSA firmaron un convenio extrajudicial mediante el cual se pactaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales. Sin embargo, Márquez incumplió lo acordado, a pesar de que los presupuestos de 2020 y 2021 incluían partidas para cubrir la deuda.
Este incumplimiento derivó en una nueva demanda de ejecución forzosa, nuevamente admitida por la jueza Miranda. En 2022, el juez Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la nulidad previa del laudo.
La investigación de la Uferco revela que los acusados "se beneficiaron directamente del dinero" obtenido a través de estas demandas irregulares. Parte de los fondos fue depositada en cuentas personales de los implicados y de familiares de altos funcionarios.
También se identificaron pagos de hipotecas y transferencias bancarias a personas sin vínculo legal con el caso, sin ninguna responsabilidad legal sobre los hechos.
