Un juez de letras determinó este jueves otorgar la amnistía política a 13 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) acusados de daños y privación injusta de la libertad en perjuicio de testigos protegidos por las tomas en Ciudad Universitaria en 2017.

Se trata de Ronnie Ezequiel Huete; Emmy Nohemy Jiménez; Rebeca Elvir Mayorquín; Josué Armando Velásquez; Mario Miguel Valladares; Carlos Moisés Torres; Roberto Moisés Torres; Allan Moisés Martínez; Joseph Emmanuel Hernández; André Johan Gómez; Juan Carlos Hernández; Óscar René Barahona y Jessy Nataly Sánchez.

Los 13 dirigentes estudiantiles fueron judicializados cuando fungía como rectora Julieta Castellanos. Los estudiantes mantuvieron tomados varios edificios en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, en protesta por considerar que ella realizaba una mala gestión.

Según los hechos, los estudiantes, entonces miembros del Moviento Estudiantil Universitario (MEU) ingresaran a las instalaciones del edificio administrativo provocando daños que, según la UNAH, ascendieron a los 600 mil lempiras.

Los miembros del MEU ingresaron a eso de las 10:00 de la noche al inmueble y efectivos de la seguridad intentaron detenerlos.

Esto provocó una pelea entre ambos grupos cuando el personal de la universidad los recibieran a golpes, según se observó en un video publicado por los mismos estudiantes en redes sociales.

Amnistía

El pasado 4 de febrero, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la "Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", en la que se incluye un decreto de amnistía para perjudicados por el golpe de Estado en 2009 y otros activistas sociales que, posteriormente, fueron acusados por realizar reclamos en las calle

Según la normativa, también recibirán la amnistía "amplia e incondicional" los exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009).

El decreto incluye delitos penales como abuso de autoridad; violación de los deberes de los funcionarios; malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Al menos media docena de exfuncionarios del gobierno de Zelaya, que estaba procesados por corrupción, ha sido beneficiados con la amnistía política.

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