Del total de muertes, al menos 43 miembros del colectivo lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual fueron asesinados en 2022, de ellos solo ocho fueron judicializados, según cifras citadas por el organismo de derechos humanos en un comunicado.

Izaguirre cuestionó "la desmedida discriminación" que sufren las personas LGBTI en Honduras, lo que se refleja en el aumento de las muertes violentas de integrantes de la comunidad y la impunidad que rodea esos casos, lo que niega a sus familiares a conocer la verdad.

"Es una grave violación a los derechos humanos que requiere de la atención inmediata del Estado y de la sociedad" y se ha agravado debido a la "indiferencia de las autoridades encargadas de la seguridad en el país", subrayó la también Defensora del Pueblo.

El Estado hondureño tiene "la obligación" de juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y garantizar el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad de lo ocurrido, enfatizó.

Entre 2017 y 2022 murieron de forma violenta unos 115 hombres gays, 44 transexuales y 35 mujeres lesbianas, y se registraron además tres desapariciones de personas LGBTI, de acuerdo a cifras de la organización hondureña LGBTI "Cattrachas".

Del total de casos, solo el 23 % fueron judicializados y apenas en trece hubo una sentencia condenatoria, lo que indica que el 93 % de estos crímenes "aún están impunes", añadió el organismo de derechos humanos.

"Se observa que la judicialización de casos de personas LGBTI muertas en circunstancias violentas ha ido disminuyendo, situación que preocupa a la institución nacional de derechos humanos que ve cómo de 13 casos judicializados en 2017, se redujo a un promedio de seis por año, desde 2018", destacó.

La mayoría de las muertes de la población LGBTI ocurrieron en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán -los más poblados-, norte y centro del país, con 62 y 53 casos, respectivamente.

El Conadeh indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sancionó en 2021 a Honduras por el caso de Vicky Hernández, mujer transgénero asesinada en el contexto de violencia política y generalizada contra personas trans en 2009.

El caso se remonta al 28 de junio de 2009, cuando Hernández se encontraba con dos compañeras en la vía pública de la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, durante la vigencia de un toque de queda que había sido decretado en el contexto del golpe de Estado de ese día.

El Conadeh recordó a las autoridades de Honduras que el plazo para cumplir la sentencia de la Corte-IDH sobre el caso de Hernández "vence el próximo mes".

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