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"Una figura del Poder Judicial se integra con nosotros a trabajar toda la parte de la preliberación y de los indultos", manifestó el martes Villanueva durante una conferencia en Casa Presidencial en Tegucigalpa, capital de Honduras.
El indulto es la atribución que la Constitución otorga al presidente de la República para extinguir la o las penas aún no cumplidas, dispuestas mediante sentencia condenatoria firme dictada por un juez.
Las personas beneficiadas por el indulto son las mayores de 18 años; menores de 21 años y mayores de 70 años. Asimismo, madres que comprueben que tienen hijos menores de 10 años que requieran de sus cuidados especiales.
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También personas condenadas que posteriormente a la ejecución del hecho ilícito, hubieren llevado a cabo algún acto de gran trascendencia de beneficio colectivo.
De igual forma, los que padecen de enfermedad terminal, quienes tienen una incapacidad permanente, entre otros.
"El último indulto se otorgó en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y benefició a 41 reclusos", indicó la comisionada de la Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Melissa Escoto.
Los beneficiados podrían ser 7 mil reos
Sin embargo, el comisionado presidencial para los presos políticos, Pedro Joaquín Amador, considera que unas siete mil personas podrían ser favorecidas con la figura del indulto.
"Va a ser una realidad los indultos, serán beneficiados alrededor de siete a ocho mil privados de libertad que están en condición de ser preliberados", manifestó Amador.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando instruyó en los últimos días a los jueces de ejecución que se avoquen a los centros penales de su jurisdicción para recabar información de los reos que cumplan con los requisitos para optar a este beneficio.
Plan estratégico
Este martes, la Secretaría de Seguridad anunció, a través de Julissa Villanueva, un plan de intervención de los centros penales del país.
Dicha estrategia contemplará, entre otras medidas, desarme en las cárceles, bloqueos de señales telefónicas, remoción y depuración de personal penitenciario.
Asimismo, instalación de desarrollo de sistema de monitoreo y vigilancia, traslado y reubicación de los privados de libertad; y reclasificación y aislamiento de los privados con vínculos con estructuras criminales.
También abarca la evaluación y práctica de pruebas de confianza al recurso humano policial y civil, el aumento de agentes penitenciarios y policías, y la creación de un banco de privados de libertad.
'Enérgica' intervención
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el 9 de abril una intervención de las cárceles, después de que se registraran de manera simultánea reyertas violentas en cuatro cárceles, tres de máxima seguridad.
Los enfrentamientos, que dejaron a una persona muerta y a siete más heridas, supuestamente ocurrieron entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Actualmente son 19,538 reos en el sistema penitenciario de Honduras, según la presidenta de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez; en una red carcelaria compuesta por 25 prisiones cuya capacidad máxima acumulada no es más de 15 mil reclusos.
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