Síguenos en Google News
Los "pactos de impunidad" aprobados en el Congreso Nacional durante la administración anterior permitieron la suspensión de la persecución penal para más de medio centenar de personas acusadas por delitos de corrupción.
El Legislativo derogó el decreto 57-2020 que obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción, y el 93-2021, que incluye varias reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.
No obstante, analistas piden que también se derogue el 116-2019, conocido como "fondo departamental", mismo que blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos público.
"Uno es aquello que tiene que ver con el fondo departamental, en primer lugar. Otro tiene que ver con el análisis del artículo 4-A de la llamada ley de amnistía, que es fundamental que también se toque, y luego también otras normas que son necesarias, como la Ley de Colaboración Eficaz, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país", manifestó el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.
También: Por unanimidad de votos, CN deroga decretos del pacto de impunidad previo a instalar la CICIH
Pendiente el 4-2022
Queda pendiente, de igual manera, el decreto 4-2022 relacionado a la amnistía política aprobada por la actual administración.
El decreto 4-2022 denominado "Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan", absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel "Mel" Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.
"Esto sospechamos de que obedece a la visita de la misión de la ONU para la instalación de la CICIH porque lógicamente esto constituye un obstáculo en la investigación criminal y también en los requerimientos fiscales que se pueden producir a futuro", explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
"Lo que vemos con extrañeza es de que no hagan nada en cuanto al tema de la amnistía, porque esta amnistía también ha sido llamada por muchos sectores como la amnistía de la impunidad y sobre ella no han hecho absolutamente nada", agregó Barrientos.
Instalación de la CICIH
La presencia en el país de una misión exploratoria de la ONU, cuya finalidad es revisar las condiciones para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no parece inmutar a quienes deben proceder a presentar peticiones para derogar mecanismos que avalan la corrupción y devolver al Ministerio Público la acción penal pública sobre pactos de impunidad, cuya investigación fue delegada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
"La reforma no puede ser aplicada retroactivamente, ya que todos conocemos que la ley sólo tiene tiene efecto retroactivo cuando favorece al imputado y en materia penal. En este caso, las personas que puedan tener algún tipo de investigación concernientes al delito de lavado de activos, con la ley anterior se va a aplicar el lavado de activos que está antes de esta reforma que acaba de hacer el Congreso Nacional", expuso el abogado penalista Marlon Duarte.
Un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) establece que los decretos que se denominan "pactos de impunidad" tienen como objetivo evitar que se investiguen, juzguen y sancionen los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero también las élites corruptas en el país.
La llegada a Honduras de una CICIH, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
Castro indicó este miércoles en Twitter que ha informado a la misión de expertos de la ONU, que el convenio para la instalación de la CICIH debe estar listo y firmado en los próximos meses.
El país ya contó con una Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Vea además: 'El tiempo nos dio la razón': MP alaba que el CN haya derogado 'pactos de impunidad'