El nuevo rumbo que ha tomado el caso de la menor Allison Argueta, fallecida el pasado 8 de junio en Lepaera, Lempira, que podría indicar que la pequeña de 9 años de edad no murió por el ataque de un perro pitbull, pone sobre el tapete de discusión una dura realidad.

Esta es, la vulnerabilidad que muchos infantes hondureños son abusados sexualmente y sus agresores son miembros de su entorno familiar.

Según el informe "Índice de impunidad y respuesta institucional ante el abuso sexual infantil en Honduras" de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en un alto número de los casos, el agresor es un pariente o el proveedor económico del hogar.

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De 10 casos denunciados, ocho quedan impunes. Ante ello, los defensores de derechos humanos exigen el cuidado de lo niños hondureños.

En el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) señalan que solo en los primeros cinco meses del presente año, 788 niñas han sido agredidas sexualmente en el país.

Los principales delitos relacionados con el abuso sexual infantil por los que se registran denuncias en la nación centroamericana son: violación especial, actos de lujuria, violación, estupro y rapto.

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