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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo que fue interpuestos hace más dos años por el Ministerio Público para que se dicte auto de formal procesamiento contra los dos acusados en el caso "Caja chica del hermano".
"Después de 2 años 7 meses de haberse presentado acción de amparo, en caso "Caja chica del hermano", es admitida. Esperamos que la Sala de lo Constitucional se lleve menos tiempo en emitir su resolución”, dijo en su cuenta de Twitter el fiscal de la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del MP, Luis Santos.
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En la misma publicación, Santos compartió una frase del filósofo hispanorromano, Séneca: "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía".
{"url":"https:\/\/twitter.com\/Luis_Santos_C\/status\/1516556736789991426","type":"rich","providerNameSlug":"twitter","className":""} -->Caso "Caja chica del hermano"
El 5 de noviembre de 2018, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih); reveló una línea de investigación contra el exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, Wilfredo Francisco Cerrato Durón, y Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
Este supuesto desvío sucedió en la primera administración del entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2018).
En aquel momento, la Maccih denominó a la línea de investigación como "Caja chica del hermano". Los señalados fueron acusados por el MP por los delitos de fraude y malversación de fondos públicos.
La investigación indicó que Cerrato y Lobo Sosa, supuestamente, se confabularon para extraer de una cuenta de Casa Presidencial unos ocho millones 400 mil lempiras. Esta cuenta estaba asignada a cubrir gastos de seguridad para funcionarios del Estado y tenía un monto inicial de 40 millones de lempiras.
De acuerdo con la investigación de la Misión, Cerrato emitía cheques con los que presuntamente se pagaba la seguridad de Lobo Sosa; quien en ese entonces tenía asignados 11 elementos militares para su resguardo.
Sin embargo, estos fondos presuntamente se acreditaban a cuentas personales de Lobo Sosa, ya que el pago de los militares era responsabilidad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, según la investigación.
