El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, Cortés, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a siete agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), tras la audiencia inicial relacionada con el presunto ingreso ilícito en una vivienda, sustracción de una caja fuerte, que contenía L13,700,000.00 y 240 tarjetas de débito de varios bancos, propiedad de clientes de una empresa. Asimismo, otros bienes, y actos de destrucción.

En ese contexto, el ente fiscal presentó pruebas de cargo y solicitó la ampliación de dos delitos, instando a la aplicación del término legal de dos años. Por su parte, la defensa rechazó las acusaciones y solicitó un sobreseimiento.

La jueza de letras penal con jurisdicción nacional tomó la decisión de imponer la prisión preventiva a Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luís Gustavo Martínez Estrada, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa.

Estos agentes enfrentan inicialmente cargos por robo con fuerza agravado, allanamiento de morada por funcionario público, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, falso testimonio, abuso de autoridad, privación injusta de la libertad y simulación de infracción inexistente en perjuicio de un testigo protegido, Eduardo Quintanilla Amador, y Mainor Maudel Sabillón Hernández.

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La jueza recalificó y modificó un ilícito debido a la gravedad de las posibles penas, el riesgo de fuga, la capacidad para interferir en las investigaciones, y la posibilidad de atentar contra víctimas o autoridades.

Como resultado, determinó que todos los acusados deben cumplir el término legal de dos años de prisión bajo la guarda y custodia del Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán.

Otros tres policías imputados

En una acción paralela, el Juzgado Penal de Danlí, El Paraíso, dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva a los policías Wilfredo Castillo, Roger Barahona y José Valerio.

Los oficiales son acusados por la supuesta comisión de robo con violencia e intimidación agravada en perjuicio de una cooperativa de ahorro.

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