El último asesinato se registró el pasado sábado 18 de febrero en la aldea Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida, Caribe de Honduras, lo que ha generado la condena enérgica de organismos nacionales e internacionales.

"Es un tema alarmante para los defensores ambientalistas y es fundamental hablar del tema de justicia porque no sabemos hasta cuándo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) va a seguir siendo cómplice de la impunidad que acobija a los asesinos de los ambientalistas", reclamó Castillo.

De acuerdo al defensor, los crímenes contra ambientalistas s debe a represalias porque exigían la cancelación de proyectos extractivos y concesiones, principalmente en la zona del Bajo Aguán, en Colón, y en el río Guapinol, en el Caribe de Honduras.

El conflicto en Guapinol se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, por "la ilegalidad" de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company), lo que la compañía ha rechazado en varias ocasiones.

Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24,223 a 24,006 hectáreas.

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Conflictos agrarios

En los últimos meses, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), han aumentado los ataques, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos en el Bajo Aguán, donde decenas de personas han muerto en enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.

Desde 2022, la Oacnudh registra cinco asesinatos de defensores de derechos humanos en el marco del conflicto territorial en el Bajo Aguán.

Cuatro de las víctimas eran miembros de cooperativas de campesinos que el 23 de febrero del 2022 firmaron un acuerdo con el Gobierno de Honduras y la Plataforma Agraria para abordar las causas estructurales del enfrentamiento agrario.

Dos de las víctimas tenían medidas del Mecanismo Nacional de Protección y otra contaba con medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2014.

Impunidad del 97%

En ese sentido, Cristopher Castillo indicó que "la impunidad en temas ambientales en Honduras alcanzó un 97%, su máximo pico (…) ese índice no ha bajado y Honduras se encuentra entre los primeros cinco países más violentos para la defensa ambiental".

Asimismo, Castillo lamentó que el Mecanismo Nacional de Protección no está respondiendo a las demandas de quienes cuentan con medidas de protección de parte del Estado.

"Al contrario, retrasan los procesos de convenios internacionales para la protección de defensores como el Acuerdo de Escazú, que es una demanda multiorganizacional para que el Estado garantice la no repetición de hechos, en este caso el asesinato y criminalización contra personas defensoras del ambiente", concluyó.

Ante ello, la Oacnudh instó al Estado de Honduras a "redoblar sus esfuerzos" para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del acuerdo entre el Gobierno, la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).

A su vez, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogú, instó a las autoridades a realizar una pronta investigación de la muerte de varios defensores del ambiente.

"¡Ya muchos asesinatos vinculados con activistas en 2023! Condenamos el reciente asesinato de Benigno Maldonado del Campamento Digno por la Defensa del Agua y la Vida", escribió la embajadora Dogu en Twitter.

"Las autoridades deben investigarlo. El Gobierno de Honduras debe fortalecer la protección de activistas", agregó la diplomática.

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