El último asesinato se registró el pasado sábado 18 de febrero en la aldea Pajuiles, en el municipio de Tela, Atlántida, Caribe de Honduras, lo que ha generado la condena enérgica de organismos nacionales e internacionales.
"Es un tema alarmante para los defensores ambientalistas y es fundamental hablar del tema de justicia porque no sabemos hasta cuándo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) va a seguir siendo cómplice de la impunidad que acobija a los asesinos de los ambientalistas", reclamó Castillo.
De acuerdo al defensor, los crímenes contra ambientalistas s debe a represalias porque exigían la cancelación de proyectos extractivos y concesiones, principalmente en la zona del Bajo Aguán, en Colón, y en el río Guapinol, en el Caribe de Honduras.
El conflicto en Guapinol se derivó, según la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, por "la ilegalidad" de la concesión de la explotación minera de la empresa Los Pinares (antes Emco Mining Company), lo que la compañía ha rechazado en varias ocasiones.
Este proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24,223 a 24,006 hectáreas.
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