El decreto legislativo 04-2022 que dio vida a la amnistía política aprobada en febrero pasado por el Congreso Nacional (CN), saltó este lunes nuevamente al debate público en Honduras.

Esto, luego que dentro de las siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas y admitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destaca la de los magistrados de la Sala Penal del Poder Judicial.

Dichos magistrados, sostuvieron que la amnistía política es generadora de impunidad; ya que fue presentada por un diputado -Rasel Tomé de Libertad y Refundación (Libre)- con sentencia firme y condenatoria, que incluye en el mismo, delitos de corrupción que ensombrecen su espíritu y naturaleza.

En ese sentido, la Sala Penal considera que la amnistía política debe declararse inconstitucional por forma en virtud de que fue presentada ante el CN por el congresista Rasel Tomé en el momento que tenía sentencia penal firme y en ejecución, por haber sido encontrado responsable por un delito consumado de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

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"La sentencia contra Tomé tiene por efecto, entre otros, la suspensión de la ciudadanía conforme lo dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República, y que consecuentemente le imposibilita ostentar cargos públicos, entre ellos diputado al Congreso Nacional", señala la Sala Penal.

También justifican los magistrados que el decreto de amnistía debe declararse inconstitucional por contenido ya que no encontraron en ninguno de los considerandos de la legislación, una razón de una amnistía amplia, general e incondicional.

"La amnistía vulnera el artículo 304 de la carta magna por subrogarse funciones constitucionales que pertenecen exclusivamente al Poder Judicial, como ser: juzgar y ejecutar lo juzgado. La amnistía busca favorecer a exfuncionarios del gobierno de 2006 al 2009, que coincide con el período en que gobernó el Partido Liberal, cuyos funcionarios conformaron posteriormente el partido Libertad y Refundación (Libre), y que llegaron al poder nuevamente tras ganar las elecciones de 2021", opinan los magistrados.

También señalan que el listado de delitos sobre los cuales se llama a aplicar la amnistía "incluye delitos de corrupción, que no tienen relación con los primeros, dándose una plataforma de impunidad de hechos que no tienen relación con ideas políticas".

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