La diputada del Congreso Nacional de Honduras, Maribel Espinoza, pidió este martes que se revise los alcances de la Ley de Amnistía Política ante las falencias que contiene el decreto, mientras el analista Edmundo Orellana refirió quién tiene responsabilidad ante los errores de la normativa.

Espinoza dijo en Diario Matutino de radio HRN que el decreto de amnistía política no define lo que es el delito político y delito común conexo político, lo que lugar a la injusticia porque con la ley se pueden acoger personas que han cometido delitos de naturaleza común que no tienen relación directa con un delito político.

Otro problema del decreto es que aplica a personas que están condenadas, cuando en este caso lo que corresponde es dar un indulto, explicó la legisladora.

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En ese sentido, Maribel Espinoza consideró importante que se hagan las correcciones a la ley para una correcta aplicación del derecho y la justicia, pues la amnistía es para perseguidos políticos.

Proyecto de reforma

A su vez, recordó que se designó a la diputada del Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos, para que socializara con las demás bancadas políticas en el Congreso Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Amnistía Política pero a la fecha no ha informado en qué concluyó.

"Han transcurrido varios meses y es importante presentarlo (proyecto de reforma) porque es el mensaje claro a la Organización de Naciones Unidas y otros organismos de que en Honduras no estamos de acuerdo con que se violente la ley y no haya un régimen reparador para los perseguidos políticos", expresó.

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Por otra parte, Espinoza indicó que es necesario corregir la ley para evitar que algunos jueces "no se aprovechen de las falencias para dejar en libertad a personas que no deben estar comprendidas dentro del alcance de la amnistía".

Además, manifestó que por el hecho que el Poder Legislativo no haya previsto de una circunstancia no libera de responsabilidad a los jueces que hayan aplicado una amnistía indebidamente.

Responsabilidad de falencias

Por su lado, el ministro de Transparencia y Combate de la Corrupción, Edmundo Orellana, dijo que la amnistía política fue propuesta por organizaciones de sociedad civil y que el Congreso Nacional aprobó la ley tal cual fue presentado el proyecto.

"Si el proyecto tiene falencias la responsabilidad es estrictamente de la sociedad civil que lo propuso", indicó Orellana.

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El funcionario aseguró a su vez que en Honduras ha habido persecuciones políticas alegando delitos comunes a funcionarios públicos, particularmente del "Poder ciudadano", incluido el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Orellana sostuvo que mientras se exija a los jueces a que cumplan debidamente la amnistía, no habría necesidad de reformar la ley.

Además, dijo que un "problema serio" del decreto es que un juez no lo puede otorgar si la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) no presenta una constancia en la que indique que la persona que lo pide es perseguido político.

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"Esto distorsiona incluso el concepto de delito político porque la valoración de si es o no delito político tradicionalmente ha estado en manos del juez, (...) ahora es condicional y es una aberración porque los delitos políticos los califica el juez, no los particulares", expresó.

Hondureños beneficiados con la amnistía política

La amnistía se ha aplicado hasta ahora al exministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, al exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, entre otros hondureños.

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